Paramilitarismo que reconfirma su instinto asesino
Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de
Apartadó se ve en la necesidad de acudir ante el país y el mundo para dejar
constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas, debido al
accionar persistente de un paramilitarismo que cuenta con la complicidad activa
y pasiva de todas las instituciones y que progresivamente afianza su dominio
total de nuestra región.
Hace 23 años nos conformamos como una Comunidad de Paz
no participante en el conflicto armado y que rehusaba compartir cualquier
espacio o colaborar de alguna forma con cualquier tipo de actor armado. Desde
entonces las agresiones han sido continuas, consistentes en asesinatos, desapariciones
forzadas, torturas, encarcelamientos ilegales, bombardeos, desplazamientos,
campañas de difamación, calumnias, pillajes, destrucción de viviendas y cultivos, robos y asaltos
armados, incursiones armadas a nuestros espacios, amenazas, montajes, violaciones,
profanación de cadáveres y espacios sagrados, memoricidios, invasiones, controles
paramilitares y estigmatizaciones de toda índole, por el poder de las armas
tanto legales como ilegales. Mes tras mes hemos venido dejando constancia de
todas las agresiones que nos afectan y de la complicidad del Gobierno y de las
instituciones del Estado en toda esta barbarie contra el que piensa diferente
en nuestra región y en el resto del país.
La muerte sigue siendo la forma más efectiva para
deshacerse de quien no se someta. En estos dos últimos años la
estructura paramilitar que hace todo el trabajo sucio del gobierno, ha estado circulando
listas de personas para matar, adicionales a los centenares de vidas ya
eliminadas; listas que están siendo ejecutadas al pie de la letra y dejando en
claro la tolerancia de los organismos de control, del aparato judicial y la
responsabilidad de mando del Jefe de Estado, señalado por la Constitución como
el supremo garante de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a
la vida, a la integridad y a las libertades básicas individuales y colectivas.
En los últimos días enfrentamos otra vez la destrucción
de una vida civil a manos de los paramilitares, con la rutinaria respuesta del
Estado: no pueden ir siquiera a diligenciar el levantamiento del cadáver porque
“no hay condiciones de seguridad para los agentes estatales”. Nos preguntamos
de qué tipo de inseguridad se habla, cuando ejército, policía y demás
instituciones oficiales conviven diariamente en el minúsculo poblado de San
José con los integrantes y mandos del paramilitarismo, estructura responsable
de este último crimen y cuyos mandos elaboran las listas de gente para matar. Por ello nuestra Comunidad no duda en atribuir
máxima responsabilidad a los diversos estamentos del Estado que hacen presencia
en el corregimiento, como la Brigada XVII del ejército y la Policía de Urabá, instituciones
que confiesan recibir nuestras constancias en las cuales se revelan las rutas
de presencia y de violencias de los paramilitares, incluyendo los alias y no pocas
veces los nombres reales y los números de celulares desde donde amenazan y
anuncian sus crímenes, e incluso videos tomados en las fincas de la zona donde
concentran sus tropas ilegales, armadas y uniformadas. Pero NUNCA PASA NADA.
TODO SIGUE IGUAL Y PEOR.
Los hechos de los cuales dejamos constancia esta vez
son los siguientes:
·
En
los días previos al 21 de febrero de
2020 (aniversario de la horrenda masacre de Mulatos y La Resbalosa),
según información de los pobladores de la zona, los paramilitares habrían
realizado una reunión con la población civil en la vereda Mulatos.
·
El
domingo 23 de febrero de 2020,
el joven paramilitar conocido en la zona como “KALET”, quien es un
desmovilizado de las FARC-EP y beneficiario del programa de desmovilización del
Gobierno Nacional, lanzó serias amenazas contra nuestra Comunidad de Paz,
manifestando: “Yo no descanso hasta ir a
La Holandita y ver correr la sangre de
esa hp Comunidad”.
·
El
mismo domingo 23 de febrero de 2020,
según informaciones de pobladores, el Ejército habría hecho una reunión con la
población civil en el corregimiento de Nuevo Antioquia, de Turbo, al parecer
para tratar el tema de la carretera de Nuevo Antioquia / Playa Larga / Rodoxalí
/ La Esperanza / Mulatos, la cual se ha estado abriendo ya mediante una brecha
que no cuenta con ningún tipo de licencia. Según la información recibida, no se
concedió la licencia, pero los militares le recomendaron a la población civil
que siguieran abriendo la carretera de manera clandestina, con máquinas de la Brigada,
pues después que ya esté hecha no le quedará más salida al gobierno que
legalizarla. Estas mismas palabras fueron expresadas por los paramilitares el
año pasado, en las veredas Resbalosa, de San José de Apartadó, Baltasar y otras
veredas de los corregimientos de Batata y Frasquillo del Municipio de Tierralta
Córdoba, al manifestarle a la población civil que les ayudaran a electrificar
esas veredas de una forma ilegal, que después la empresa EPM les tendría que
legalizar la energía eléctrica al estar ya instalada.
·
El
miércoles 26 de febrero de 2020
un grupo de paramilitares con trajes de civil y portando armas cortas se
encontraba en una vivienda civil, como a unos 180 metros junto al río el
Cuchillo del casco urbano de San José, donde estaban consumiendo licor y amedrentando
con sus armas a la población que pasaba por el lugar.
·
El
mismo miércoles 26 de febrero de
2020, se notó una alta presencia de paramilitares con prendas militares
y armas largas en los alrededores de las veredas Mulatos Alto y Mulatos Medio
de San José de Apartadó.
·
El
jueves 27 de febrero de 2020,
dos paramilitares que han estado acechando los espacios privados de nuestra Comunidad
de Paz en la vereda Mulatos Medio, cruzaron por nuestra Aldea de Paz Luis
Eduardo Guerra portando armas cortas y radios de comunicación.
·
El
viernes 28 de febrero de 2020,
nuestra Comunidad de Paz fue informada de la presencia de un grupo de
paramilitares encapuchados entre las veredas El Salto, El Guineo y El Gas, de
San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores, los paramilitares allí
amedrentaron a una familia que venía a trabajar en una tierra de su propiedad,
la cual se retiró de nuevo de la zona por temor a ser asesinados.
·
El
sábado 29 de febrero de 2020,
entre las 6:00 y 7:00 a. m. fue asesinado cerca de su casa, en la vereda La
Miranda, de San José de Apartadó, el señor AMADO TORRES, poblador de dicha
vereda e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Según las informaciones
recaudadas, hombres portando armas largas y uniformes de uso privativo de las
fuerzas militares llegaron hasta su vivienda, lo sacaron y lo asesinaron con
varios impactos de bala de fusil en la cabeza. Su hijo de 20 años, Carlos Andrés Torres, había sido
asesinado por soldados del Ejército Nacional en la vereda Caracolí, el 9 de
abril de 2013, cuando iba a regresar a su vereda luego de haber traído
productos agrícolas para vender en Caracolí. Todo muestra que a su padre, Don
AMADO, los paramilitares lo tenían sentenciado por la autonomía que demostraba
frente a ellos, no sometiéndose a sus imposiciones, administrando libremente
los recursos de su finca y negándose a pagarles los impuestos ilegales o
“vacunas” que ellos le exigían. Los organismos judiciales se negaron a ir a la
vereda a realizar el levantamiento del cuerpo, alegando irónicamente “razones de seguridad”, cuando todo el
mundo percibe su cercanía y complicidad con los paramilitares, al menos
garantizando la apabullante impunidad que reina en la región que es la mayor
culpable de la criminalidad reinante. Coincidencialmente, ese día el Presidente
Iván Duque se encontraba de visita en Apartadó junto con el ex presidente
Álvaro Uribe, en supuestos talleres denominados “construyendo país” y al
enterarse del crimen le restó importancia aduciendo que en la zona hay muchos
grupos violentos. Los órganos judiciales, en una actitud irresponsable,
quisieron imponerle a la familia de la víctima la tarea de recoger las pruebas
del asesinato, transfiriendo a las mismas víctimas lo que es su propia tarea
remunerada. En lugar de ejercer de manera profesional su tarea, la fuerza
pública, a través del Comandante Nacional de la Policía, General Óscar
Atehortúa, lo que hizo fue ofrecer recompensas monetarias –esta vez de 20
millones- al civil que informe sobre los autores del crimen. Así se sustituye
en Colombia la tarea de los órganos de instrucción penal, recurriendo a un
método perverso que se presta para las más infames manipulaciones y montajes y
de paso arruinan la moral pública, enseñándole a la gente que la denuncia es
una mercancía lucrativa cada vez más lejana de un ejercicio ético, y en la cual
se refina el caldo de cultivo para los falsos testimonios, los montajes
judiciales y la destrucción en profundidad de toda conciencia moral.
·
El
domingo 01 de marzo de 2020, llegaron
comentarios a nuestra Comunidad de Paz de que los paramilitares están avanzando
en la compra forzada de tierras en la zona de Caraballo, de la vereda Arenas
Bajas, de San José de Apartadó. Ya son muchas las propiedades en tierras que
este grupo paramilitar ha adquirido bajo amenazas a sus dueños, quienes terminan
vendiéndoles la propiedad por temor a ser asesinados.
·
Este
mismo domingo 01 de marzo de 2020,
en horas de la noche fue amenazado de muerte el señor JOSÉ POLICARPO CATAÑO, en
el caserío de San José, por tres hombres quienes según informaciones hacen
parte a los paramilitares y reconocidos en la zona: Darío Tuberquia encargado
de narcotráfico, Jairo Borja y Yeison Osorno. Estuvieron a punto de dispararle
con armas de fuego.
·
El
lunes 02 de marzo de 2020, en
horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz sobre una
lista que estaría circulando en San José entre los paramilitares, de gente para
matar dándole continuidad a la dicha lista donde ya han asesinado a Deimer
Usuga el 16 de enero 2019, Yeminson Borja el 7 de julio 2019, weber Andrés el 18 agosto 2019 y Amado Torres
el 29 de febrero de 2020 y al parecer el contenido de dicha lista sigue siendo de
pobladores de la zona y miembros de nuestra Comunidad de Paz, cuyas ejecuciones
están ya en preparación.
Dejamos también constancia de que
el 19 de junio de 2019 radicamos en la Presidencia de la República un derecho
de petición (Rad: Ext 19-00060721) con 86 constancias de hechos perpetrados
contra nuestra Comunidad de Paz entre el 7 de agosto de 2018 y el 23 de mayo de
2019, invocando los artículos 2,6,18 y 189 de la Constitución Nacional, los
artículos 7,11 y 20 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y
la Sentencia SU 1184/01 de la Corte Constitucional, No. 16-17.
El Presidente Duque remitió dicho
documento al Ministerio de Defensa, contra la tradición jurídica universal que
no considera válido que la institución victimaria se investigue a sí misma. El
17 de diciembre de 2019 el Comandante de la Séptima División envió una
respuesta de 32 páginas elaborada por la Brigada XVII, en la que se refiere a
81 constancias de las 86 incluidas en el Derecho de Petición. En un solo caso
(marzo 13 de 2019) reconoce que había presencia militar en Mulatos y que los
disparos se debían a tropas del ejército que estaban en un supuesto
enfrentamiento con otro grupo armado. En todos los demás casos se afirma que
las tropas del ejército estaban distantes de los sitios de los hechos (entre 4
y 11 kilómetros); se alega que los hechos no fueron informados “en tiempo
real”, o sea con tiempo suficiente para que el ejército pudiera preparar
operativos para estar allí cuando se presentaran las agresiones; o que los
hechos no son claros sino confusos, con informaciones precarias, a pesar de que
se dieron todas las coordenadas de tiempo, lugar y nombres ficticios o reales
de los victimarios y en varios casos los números de los celulares de donde
llamaban a amenazar.
Este tipo de respuesta del
Gobierno revela algo muy grave pero es lo que se ha vivido en los 23 años de
existencia de la Comunidad de Paz: los paramilitares se mueven con plena
libertad por todo el territorio, reúnen a las poblaciones de las veredas para
imponerles normas, amenazarlas y cobrarles impuestos ilegales, pero jamás su
presencia coincide con la del ejército. Todo parece milimétricamente calculado
y coordinado para que cuando se den las agresiones el ejército esté situado a 4
o más kilómetros de distancia y así podrá afirmar que “no se enteró” de los hechos y, cuando ya se producen las denuncias
o constancias, transcriben un párrafo uniformemente digitalizado en que dicen
que ellos están siempre realizando operativos de inteligencia y de control para
proteger a la comunidad y para tratar de individualizar a los miembros del
“Clan del Golfo”, que es su enemigo virtual y teórico, pues nunca se encuentran
con él, pero no consideran como actor ilegal la estructura paramilitar a la
cual están vinculados la cantidad de nombres concretos que la Comunidad ha ido
registrando en sus constancias, con quienes ejército y policía departen
diariamente y amistosamente en el caserío de San José.
Sobra decir que, cuando las
constancias hacen referencia a actuaciones del Ejército imposibles de ocultar,
como la Acción de Tutela contra nuestra Comunidad para obligarla a callarse
ante las agresiones (octubre de 2018) y las presiones de la Jueza, presionada a
su vez por la Brigada XVII, para amordazar a nuestra Comunidad, el documento
“ignora” las constancias y evade toda respuesta o comentario.
Nuestra Comunidad entiende que la
fuerza pública no tiene facultades judiciales y por eso “se lava las manos” ante
la impunidad absoluta de todos los hechos. El Presidente y las diversas instituciones
del Estado saben muy bien que nuestra Comunidad no acude al aparato judicial
porque ha experimentado hasta la saciedad, durante varias décadas, que dicho
aparato no hace justicia y solamente produce impunidad y corrupción y por
añadidura persigue a los denunciantes y testigos. Es trágico que ninguna de las
más altas Cortes del Estado haya acogido nuestras denuncias sobre los
innumerables hechos probados de corrupción que les presentamos en el Derecho de
Petición del 19 de enero de 2009, y se hayan negado a investigarlos y
corregirlos y mantengan en sus cargos a todos los corruptos. Éticamente y en
conciencia no podemos colaborar con un aparato así de putrefacto.
En las negociaciones de paz en La
Habana, el Gobierno se comprometió a tomar medidas eficaces para erradicar el
paramilitarismo. Sin embargo, como la comunidad nacional y la internacional lo
saben de sobra, en lugar de erradicarlo lo ha fortalecido enormemente. En
nuestra región, después del Acuerdo de Paz su poderío crece y crece diariamente
y no se percibe la más mínima acción del Estado para reprimirlo o erradicarlo.
Hay aquí, entonces, una monumental responsabilidad del Alto Gobierno que no
podrá ocultar jamás ante los tribunales internacionales.
Mientras recogemos las evidencias
de nuestra tragedia y las compartimos con el mundo ético, valoramos cada vez
más el apoyo moral de personas y comunidades que nos envían su energía
espiritual desde numerosos espacios de Colombia y de otros muchos países del
mundo. Para ellos y ellas nuestra renovada sincera gratitud.
Comunidad de Paz
de San José de Apartadó
Marzo 7 de 2020