Estado “Paraco”: su funcionamiento ficticio y su funcionamiento real
De
nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de
recurrir al país y al mundo para dejar constancia de múltiples atropellos por
parte de quienes siguen buscando nuestra destrucción.
Este
año 2021 comienza con el asesinato de un campesino humilde, residente en la
vereda La Pedroza. Las autoridades, como lo han hecho siempre, anuncian “investigaciones
exhaustivas” y operativos militares, pero, como siempre, son acciones de
fachada que no llegan a ningún resultado. Nunca han llegado a nada. Todo el
mundo percibe que los victimarios nunca son tocados y que los muertos siguen
cayendo y las amenazas siguen su curso, mientras las extorsiones son cada vez
más asfixiantes. En esta región el poder de las armas es el único en pie. Nada
se hace para controlar el paramilitarismo, pues los paramilitares se mueven
armados en medio de ejército y policía y todo sigue igual. Es tanta la libertad
que tiene el paramilitarismo que está reclutando a mucha gente, incluyendo a muchos
menores de edad. En las últimas semanas se nos ha informado que los reclutados
están siendo enviados a otras zonas a entrenamiento militar. Muchas personas
han manifestado en las redes sociales que se está privando de la libertad a
muchos jóvenes en esta región, pero ninguna autoridad está tomando en serio e
investigando esa práctica.
Apoyados
en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de los hechos
ocurridos recientemente:
·
El jueves 24 de diciembre de 2020, en
horas del día, se recibió información según la cual el paramilitar Wilfer
Higuita, actualmente residente en el asentamiento de La Unión, la noche
anterior habría embriagado a una joven en esa vereda y abusado sexualmente de
ella.
· En la semana del 24 de diciembre de 2020 el mismo paramilitar Wilfer Higuita, quien lleva muchos años vinculado a las estructuras paramilitares, incluso sirviendo desde allí a altos oficiales de la Brigada XVII, ahora radicado en el casco urbano de la vereda La Unión, lanzó amenazas contra varias mujeres de esa vereda, acusándolas de estar informando a nuestra Comunidad de Paz sobre las acciones de los paramilitares. Como Comunidad de Paz aclaramos que todas las informaciones que nos llegan a ese respecto y que incluimos en nuestras constancias, se originan en el actuar público de los paramilitares, sin que tengamos necesidad de buscar informaciones, pues los paramilitares actúan a la luz pública.
·
En
la última semana de diciembre 2020, los paramilitares reunieron a población
civil en la vereda Naín del municipio de Tierralta, Córdoba, y amenazaron a los
líderes de las juntas de acción comunal por supuestamente estar robando los
dineros de las comunidades.
·
El viernes 01 de enero de 2021, mientras varios integrantes de
nuestra Comunidad de Paz reparaban una malla que protege el monumento a la
memoria de nuestros líderes masacrados por el ejército y los paramilitares en
la vereda La Unión el 8 de julio de 2000, el poblador Adolfo Guzmán, quien
afirmó tener mando en la junta comunal de dicha vereda, se acercó en
deplorables condiciones de embriaguez a insultar a quienes estaban reparando el
monumento. Según sus palabras, ellos van a derribar ese monumento, pues está
estorbando para el juego de fútbol de los jóvenes, ya que ellos declararon ese
espacio como “parque de recreo”. Despreció la memoria de los mártires
afirmando: “los muertos, muertos están”,
es decir, es estúpido recordarlos.
Se entiende: su memoria será una condena perpetua a sus bestialidades. Afirmó
además que habían conversado con el Alcalde de Apartadó quien les había autorizado
derribar el monumento y hacer respetar el espacio público de recreo.
Así se acata en los territorios
paramilitarizados la Ley 1408 de 2010, en sus artículos 12 y 13 que declara “Santuarios
de la Memoria” los sitios donde incluso se sospeche que puede haber
restos de personas desaparecidas, mucho más cuando se sabe a ciencia cierta que
allí fueron masacradas. Con la misma grosería se pisotea la Resolución 3 de
2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció los Principios sobre Políticas de Memoria en
Las Américas. Allí definió que: “Se
entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron
graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron
esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales
consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son
utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos,
y/o para homenajear y reparar a las víctimas”. Por eso, dicha Resolución le ordena a los
Estados: “asegurar un abordaje integral
de la memoria, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de
memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas”. Y añade la misma Resolución que dicho abordaje
integral de la memoria “incluye la
obligación de los Estados de asegurar la representación y participación de las víctimas”.
Es una vergüenza que un Alcalde,
un Ejército, un Gobierno, una Junta de Acción Comunal, toleren estas afrentas a
las víctimas sin recato alguno ante la comunidad internacional, como gritándole
al mundo con todo el descaro posible que quieren tapar a toda costa y validos
de la fuerza bruta, el recuerdo de las barbaridades que allí han perpetrado.
·
El jueves 7 de enero 2021, en horas del día, se escucharon
disparos cerca del centro urbano de la vereda la Unión. Según los comentarios,
se trataba de entrenamientos que estarían realizando los paramilitares con
personas recién reclutadas.
·
El domingo 10 de enero de 2021, se recibieron informaciones
según las cuales los paramilitares que controlan el corregimiento de San José
de Apartadó y sus veredas, reclutaron a 4 jóvenes, los cuales fueron llevados a
la vereda Playa Larga y al corregimiento Nuevo Antioquia del municipio de Turbo,
para entrenamientos.
·
El miércoles 20 de enero de 2021,
el paramilitar
conocido como “RAMIRO” quien es hermano de alias “SAMUEL”, reconocido
comandante de paramilitares en la vereda la Unión, amenazó con arma de fuego a
una mujer en dicha vereda, acusándola de ser informante de nuestra Comunidad de
Paz y conminándola a renunciar a ello o de lo contrario no respondía por su vida.
En los últimos días nos hemos enterado que el mismo “RAMIRO” y WILFER HIGUITA continúan
amenazando a esta mujer y a su compañero y a la vez están amenazando de muerte
a miembros de nuestra comunidad que viven cerca de allí, supuestamente por
informar lo que hacen los paramilitares en la vereda, cuando son hechos
perpetrados a plena luz del día, pudiéndolos conocer todos los habitantes de la
zona.
·
El
viernes 22 de enero de 2021,
nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los paramilitares habrían reclutado
a 5 jóvenes, entre ellos una mujer, todos del casco urbano de San José de
Apartadó. Según se comenta, la misma fuerza pública y la policía son
conocedores de todo lo que se está viviendo, pues los paramilitares son los
dueños de San José y de sus veredas y no hay ni una sola medida para evitar que
los paramilitares tengan tanto control. La misma Brigada XVII del ejército, por
medio del Coronel José Luis Bastidas Moreno, anuncia que están realizando
operaciones para neutralizar cualquier plan criminal, pero nada pasa, pues los
paramilitares son cada vez más libres en la zona para moverse y controlar. Nos
preguntamos ¿cuáles son la operaciones militares que están realizando? Si a
la fecha no se ha dado ninguna neutralización de los paramilitares que recorren
armados el casco urbano de San José, nadie se explica para qué sirven una base
militar y un búnker de la policía con muchos efectivos militares y policiales y
sin embargo sean los paramilitares quienes tengan el control total. Varios
asesinatos han ocurrido en esta zona y ¿de qué han servido los operativos?
¿Cuáles han sido los resultados? Como Comunidad de Paz seguimos convencidos de que
en esta zona el poder de las armas tiene suficientes alianzas para ejercer
control total sobre la población civil.
·
En
la misma semana del 22 de enero de
2021, los paramilitares habrían realizado una reunión en la vereda
Mulatos-Cabecera, de San José de Apartadó, en la cual informaron sobre
prohibiciones que afirman imponer con su usurpada autoridad a los pobladores del lugar,
entre ellas: tumba de rastrojos para siembra de pan coger y uso de celulares.
Durante la reunión obligaron a apagar todos los celulares táctiles, alegando que
tienen muchos enemigos en la zona, los cuales denuncian la presencia de ellos
allí. El paramilitar que dirigió la reunión, quien afirma ser “el político” de
esa estructura, manifestó que todas las informaciones que está recogiendo serán
llevadas a sus jefes, quienes luego impartirán órdenes.
·
El domingo 24 de enero de 2021, en las horas de la tarde, fue
asesinado en la carretera que conduce desde Apartadó hasta el corregimiento de
San José, el joven campesino BLAS HUMBERTO DAVID TORRES. El hecho ocurrió a la
altura de la vereda La Balsa. Blas Humberto se movilizaba en moto hacia
Apartadó cuando fue atacado por paramilitares que le propinaron varios impactos
de arma de fuego acabando con su vida. Blas Humberto era agricultor
independiente y actualmente vivía en la vereda La Pedroza.
Ya el año pasado, el 29 de
febrero de 2020, estos mismos paramilitares habían asesinado al señor Amado
Torres, residente en la vereda La Miranda, a pocos minutos de la vereda La
Pedroza, por el hecho de no aceptar someterse a esa estrategia de muerte. Ahora,
según las versiones recibidas, Blas Humberto fue asesinado precisamente por no
aceptar someterse a la estrategia paramilitar, pues le estaban cobrando
impuestos o vacunas que él se negó a pagar. Y lo más doloroso es que no ha
avanzado ninguna investigación real en ninguno de los casos similares, por
parte del poder judicial. Todo nos confirma que la “Justicia” sigue corrompida,
y seguirá corrompida mientras las mismas altas Cortes se nieguen a investigar al
poder judicial de Urabá; mientras se nieguen a reabrir los millares de
expedientes que encierran podredumbres morales, donde campean el soborno, la
amenaza y el montaje como determinantes
del sistema probatorio. La misma Corte Constitucional claudicó de las medidas
tomadas en el Auto 164 de 2012, de crear una Comisión de Evaluación de la
Justicia o de decretar un Estado de Cosas Inconstitucional en la falsa
“justicia” de Urabá. Este gobierno se ha caracterizado por continuar con ojos
cerrados y manos cruzadas frente a los horrores de la criminalidad estatal y
para-estatal que sigue imperando.
La persecución a quienes no aceptan el
paramilitarismo no se detiene, pues todo aquel que se resista es sometido a
desplazamiento o de lo contrario termina asesinado con el mismo libreto con que
asesinaron a Amado y a Blas Humberto y a muchísimos otros. Responsable será el
gobierno por lo que le suceda en adelante a otros y otros pobladores.
Nuevamente
agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del
mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23
años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen
presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas
ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este
proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir
defendiendo nuestros principios.
Comunidad de Paz
de San José de Apartadó
Febrero 03 de
2021
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