Atentados y atracos al orden del día en la política estatal
Nuevamente
nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad
de acudir al país y al mundo para dejar constancia de las últimas agresiones
que hemos sufrido por parte de este Estado-Paramilitar que cada vez revela más
su talante criminal.
Los asentamientos de nuestra Comunidad de Paz se están viendo cada vez más
asediados por grupos paramilitares que desde hace más de 20 años se pasean por
nuestras montañas con la arrogancia de quienes se sienten protegidos por el
poder del Estado y su fuerza armada y
que en esta coyuntura del “pos-acuerdo de paz” se han envalentonado aún más,
afirmando que son la autoridad suprema de la región y que todo el mundo se les
debe someter. Si bien nuestros asentamientos están marcados con vallas donde se
enumeran nuestros principios y reglamentos de Comunidad ajena a la guerra,
estos gestores del crimen violan, como fieras sin razón, apoyadas sólo en su
fuerza bruta apalancada activa o pasivamente por las instituciones del poder de
turno, nuestros más sagrados derechos.
¿Hasta cuándo seguirá el cinismo sin límites de este gobierno sordo y ciego, que no
escucha ningún clamor de las víctimas y asiente con la mirada desviada hacia
otras latitudes a las prácticas criminales de sus subordinados? Un Gobierno que
no cesa de repetirle al mundo que “no
existen paramilitares en San José de
Apartadó ni en Colombia”, mientras éstos, al amparo de su encubrimiento y
de sus falaces declaraciones, hacen de las suyas y vuelven añicos los derechos
del pueblo. Ya no son solamente las vacunas, los informantes o “puntos” (como
ellos los llaman), el reclutamiento forzado, la prohibición de denunciarlos,
las amenazas, sino que ahora el descaro los
ha llevado a salir a los caminos por
donde transita la población civil con producciones agrícolas para robarle los
dineros de la venta de sus pobres productos. Ahora, además, son estos grupos criminales
los que deciden quién puede conservar la propiedad de sus lotes
ancestrales y quién no. Estamos, realmente, cercados por demonios que gozan de
toda la aquiescencia y tolerancia del Estado y de sus instituciones.
Nuestra Comunidad desde hace muchos años no cree en
la justicia porque comprobó durante varias décadas que era corrupta y que sus
“investigaciones” nunca producían
resultados creíbles, pero cuando hemos analizado el porte, los
comportamientos, los cortes de cabello, los vehículos en que se mueven y el
estilo de movimientos de quienes le han hechos los últimos robos a nuestra
Comunidad a mano armada y con alevosía, los encontramos muy similares a los de
los miembros de la fuerza pública que cuidan la “seguridad” del Banco donde
tenemos nuestra cuenta.
Los últimos
hechos de los cuales dejamos constancia ante el país y el mundo son los
siguientes:
- El miércoles 25 de octubre de 2017 fue visto en la vereda Mulatos Medio, de San José de Apartadó, un reconocido paramilitar que actualmente está trabajando como punto de información en las veredas Mulatos y Resbalosa; allí estuvo por varias horas tomando fotos a las viviendas de los civiles y preguntando por miembros de nuestra Comunidad de Paz, especialmente por algunos que han sido amenazados de muerte.
- El jueves 16 de noviembre de 2017 a
las 8:50 de la mañana llegó un grupo de 7 paramilitares, entre ellos una
mujer, al mando de alias “Darío y Pantera”,
los cuales se paseaban a caballo sin que nadie los molestara en su
recorrido, entraron a nuestro asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo
Guerra, en la vereda Mulatos Medio de
San José de Apartadó, allí preguntaron insistentemente por GILDARDO
TUBERQUIA, miembro de nuestra Comunidad de Paz y de su Consejo Interno, y
también preguntaron por las tierras que nuestra comunidad tiene para el
trabajo comunitario, afirmando: ¿si
las tierras son de la Comunidad por qué no las repartimos entonces? Dejamos claro que nuestra Comunidad ha
adquirido algunas tierras, que son comunitarias y están a beneficio de los
miembros de nuestro proceso de vida comunitaria. Ningún grupo armado nos
va a imponer qué es lo que debemos
hacer con nuestras tierras. Desde antes de ser constituida nuestra
Comunidad de Paz, es claro que el paramilitarismo ha querido dominar la
región con el apoyo de la fuerza pública para usufructuar todos sus
recursos, amenazando a quien no se
someta a su proyecto de muerte. Frente a este hecho y a otros que a diario ocurren en nuestra
región hacemos responsable al Gobierno y
a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a miembros
de nuestra Comunidad o a otros pobladores de la zona.
- Este
mismo jueves 16 de noviembre de
2017, a las 10:00 horas, cuando venía de su finca ubicada en la
Vereda El Mariano y llegaba al
caserío de San José por el Río
Mariano a recoger a su mamá en una bestia de carga, fue atacado a bala
desde la base militar de El Mariano, a unos 200 metros, el joven JUAN DE
LA CRUZ GUZMÁN SUCERQUIA, sufriendo varios impactos en su cuerpo y debiendo
ser hospitalizado de inmediato. Juan
de la Cruz fue desplazado forzadamente por los paramilitares en septiembre
del 2015 de la Vereda Playa Larga de San José de Apartadó lo que lo obligo
a comprar un predio en el Mariano, además es hijo de ERNESTO GUZMÁN,
asesinado por los paramilitares en la vereda Playa Larga el 21 de
septiembre de 2015 por negarse a venderles su finca. Aquí nuevamente se
expresa la unidad de intereses entre militares y paramilitares.
- Domingo 19 de noviembre de 2017 en horas
de mañana llegó un grupo de paramilitares fuertemente armados a nuestro
asentamiento en la vereda La Esperanza del Corregimiento de San José de
Apartadó, allí entraron como perro por su casa violando la propiedad
privada ya que la casa se encontraba sola, luego se alejaron y a varios
minutos intersectaron a un poblador de la zona al que le
manifestaron: ¿que en donde se encontraba el dueño de la finca de la comunidad de
paz? ¿O fue que salió corriendo cuando nos vio? pues allá solo encontramos las brazas
del fogón, ya que lo estamos buscando por que necesitamos arreglar un
asunto con él, pues sabemos que ese hp aquí en La Esperanza y Gildardo
Tuberquia En Mulatos son los que nos denuncian cuando nosotros pasamos por
los fincas, pero ese fueguito se les acabó por que los vamos a sacar de
sus casas como sea y por encima del que sea. Nuestra comunidad de paz
por mas de 20 años hemos dejado constancia de la barbarie de la fuerza
publica y los paramilitares que nunca se cansan de asesinarnos y amenazarnos
y por eso nunca pararemos de informarle al país y al mundo sobre toda esta
gran complicidad que hay entre la brigada XXI y el paramilitarismo que hoy
controlan nuestra región.
- En las
últimas semanas nuestra Comunidad de Paz ha tenido conocimiento de un plan
expuesto por miembros de la Brigada XVII ante pobladores del centro urbano
de San José de Apartadó para usurpar dolosamente varios espacios comunitarios
de nuestra Comunidad, abandonados bajo la violencia implantada por el entonces
Presidente Uribe Vélez al militarizar nuestros espacios de vida y trabajo
el 1 de abril de 2005. Según se nos ha informado, los militares pretenden
colocar allí salones de encuentros y oficinas, violando flagrantemente las
normas de las Naciones Unidas que protegen los bienes de los desplazados.
Nuevamente dejamos constancia de que nuestra Comunidad de Paz tiene unas
propiedades en el casco urbano de San José de Apartadó, así como también
las tienen varias familias de nuestra Comunidad, espacios que quedaron abandonados el 1 de abril
del 2005 pero con sellos y candados que fueron destruidos por militares y
policías, al peor estilo de los ladrones. Nadie y menos a la fuerza pública puede tomarse unas propiedades que son bienes de una
Comunidad forzadamente desplazada y de familias forzadamente desplazadas. Los
PRINCIPIOS
RECTORES DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS, documento de las Naciones Unidas
(E/CN.4/1998/Add.2), en su PRINCIPIO 21 establece: “La propiedad y las posesiones de los
desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en
particular, contra los actos siguientes: a) expolio; b) ataques directos o
indiscriminados u otros actos de violencia; c) utilización como escudos de
operaciones u objetos militares; d) actos de represalia; y e) destrucciones o expropiaciones como
forma de castigo colectivo. La propiedad
y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán
objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o
uso arbitrarios e ilegales”.
Agradecemos nuevamente
a todas la diferentes personas y organizaciones, nacionales e internacionales,
que nos han apoyado política y moralmente con sus fuertes voces de ánimo, y los
invitamos para que nunca paren de presionar con sus cartas a este
Estado-paramilitar, sordo y ciego, al que nunca le ha importado la vida del
campesino.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Noviembre 21
de 2017