Avanza la agresión avalada por la impunidad
De nuevo nuestra Comunidad de
Paz de San José de Apartadó se ve en la necedidad de dejar constancia ante el
pais y el mundo sobre toda la barbarie a la que somos sometidos diariamente por
este Gobierno con sus estructuras paramilitares.
Cada vez más nuestra comunidad
de paz es sometida a intentos de exterminio por parte de un Estado que ha
buscado permanentemente, desde hace 20 años, estrategias para sacarnos de sus
caminos y, para lograrlo, se ha valido de estructuras paramilitares estrechamente
ligadas a su fuerza pública, las cuales han contemplado, entre otros muchos
crímenes, la eliminación física de nuestros integrantes y del campesinado de
nuestro entorno.
Ni para el gobierno nacional ni
para los gobernantes locales, como el Gobernador de Antioquia, existen hoy día
estructuras paramilitares y así lo han manifestado muchas veses por los medios
masivos de comunicación. En cambioquienes vivimos en el campo y tenemos que
enfrentar diariamente esas estructuras criminales que se apoyan en la
tolerancia, la aquiescencia, la colaboración, la unidad de acción y la
solidaridad evidentes de las instituciones oficiales, el paramilitarismo está
dominando y sometiendo al campesinado a sus proyectos y de esto no hay duda posible
porque el sufrimiento diario de su fuerza se nos impone con toda crudeza.
En los últimos días se han
producido nuevos hechos de los cuales dejamos constancia ante el país y el
mundo:
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Además
de lo denunciado en nuestra constancia del 22 de diciembre, en la que pusimos en
conocimiento público el plan revelado por el paramilitar Isaías,alias “Malaca”,
en el caserío de San José, según el cual iban a asesinar a Germán Graciano
(representante legal de nuestra Comunidad) y a envolver el crimen, ya
concertado con la Brigada XVII, en un robo de dinero para manejarlo ante los
medios como un atraco, libreto que trataron de ejecutar así el 29 de diciembre
pasado, hemos evaluado otras revelaciones que habían llegado a la Comunidad por
esos mismos días, en la semana de 20 de diciembre,como lo manifestado por el
paramilitar alias “Elías Idaldo”, quien intentó penetrar en el asentamiento de
San Josesito dos veces, según el cual existía el plan de los paramilitares de
entrar a nuestro asentamiento de San Josesito y cometer una masacre y hacerla
aparecer como un intento de robo. Esto muestra que el plan criminal ha estado
detalladamente diseñado y seguirán intentando realizarlo, sobre todo cuando se
comprueba la complicidad de la fuerza pública por su inacción frente a la
invasión paramilitar en la zona; la complicidad del aparato judicial al dejar
en libertad inmediatamente a los victimarios, y la complicidad del gobierno
departamental al lanzar a los medios masivos una versión tan falsa y grotesca
como la del Gobernador de Antioquiadel 2 de enero, la cual buscó estigmatizar más
a muestra comunidad victimizada y arropar con un manto encubridor a los
victimarios. Además, si este diseño se
confronta con las declaraciones del Ministro de Defensa cuando niega que los
asesinatos de líderes sociales responden a un plan persecutorio, se puede
concluir que ahora a las brigadas militares y a sus brazos paramilitares se les
exige un diseño previo del crimen, de modo que aparezca en primer plano un
móvil de delincuencia común o bien conflictos interpersonales en las
organizaciones atacadas o conflictos sentimentales denominados “líos de
faldas”. La perversidad de nuestro
Estado no tiene límites.
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El Martes 09 de enero de 2018 a las 11:30 horas, un grupo de
6 páramilitares camuflados y bien armados hicieron presencia en las veredas
Miramar,Cristalina, La Linda y El Mariano, del corregimiento de San José de
Apartadó. Nuestra Comunidad de Paz lanzó la voz de alerta por la red, pues la
intención de estos paramilitares era llegar hasta nuestro asentamiento de San Josesito.
En los días anteriores nos habían enviado amenazas desde el corregimiento de
Saiza (Tierralta, Córdoba) manifestando que: “esto que les pasó a nuestros compañeros allá en esa HP comunidad no se
va a quedar así, porque vamos a ir y les vamos a hacer una masacre para que
vean que con nosotros no se juega”.Allí en Saiza reunieron a todos sus “puntos
de información”, al igual que a la población civil que vive en las veredasde
ese sector; por eso conocimos sus amenazas.
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El miércoles 10 de Enero de
2018
nuestra Comunidad fue informada de un plan de los paramilitares en el corregimiento
de San José de Apartadó, según el cual allí se fraguaba una estrategia para incendiar
nuestro asentamiento de San Josesito, para lo cual han estado acumulando
gasolina en cantidad.
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El jueves 11 de Enero de 2018, en horas de la mañana, un grupo
de paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó de nuevo lanzaron
amenazas encontra de miembros de la Comunidad de Paz. Allí manifestaron que, a
toda costa, tenían que asesinar a GILDARDO TUBERQUIA y a GERMAN GRACIANO, porque
están estorbando los planes que el paramilitarismo tiene preparados para esta
región.
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El martes 16 de Enero de 2018 hacia las 11:30 horas, cuando
un miembro de nuestra ComunidadPaz se disponía a recoger a su hija,quien se encuentra
muy enferma en el sitio conocido como La Casona, de la vereda Mulatos, del
corregimiento de San José de Apartadó, fue interceptado por un paramilitar
quien lo amenazó diciéndoleque por ningún motivo se llevaría la niña sin una
orden de los paramilitares,a lo que el miembro de nuestra Comunidad respondió
que se llevaría la hija a un centro médico porque se encontraba muy enferma y
después la traería de regreso a su madre quien está en esa zona. De nuevo el
paramilitar le replicó:“¿qué es lo que usted
se cree? ¿cree que porque es de la comunidad de paz va a hacer lo que le da la
gana?Si se siente muy macho, vaya y traiga a toda esa comunidad y se lleva la niña, si es que es muy verraco”.Ese
mismo paramilitar, el día siguiente (miércoles
17 de Enero de 2018 hacia la 13:20 horas) entró a nuestra Aldea de Paz
Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio y comenzó a amenazar a los
miembros de nuestra Comunidad que se encontraban allí trabajando, diciéndolesque
si los miembros de esa Comunidad de Paz eran muy machitos, que fueran y se llevaran
la niña de donde está, porque no lo ibana permitir, ya que esto era una orden
del Viejo, quien se encontraba ahí en La Casona. Después se marchó del lugar. Aún la niña se encuentra muy enferma
por falta de atenciones médicas y los paramilitares no permiten que sea movida
para ser atendida. Es preocupante que ya ni los padres tienen derecho a llevar
a sus hijos a los centros médicos porque estos grupos paramilitares no lo
permiten y condenan a los niños a la muerte por falta de atención médica. Esto
revela el tipo de dominio y control exhaustivo de la población que el
paramilitarismo está implantando en la región.
En las últimas semanas, muchas
personas y grupos de diversos rincones del mundo han protestado fuertemente
ante el gobierno colombiano por lo sucedido el 29 de diciembre pasado, cuando
se intentó asesinar a varios líderes de nuestra Comunidad, entre ellos a nuestro
representante legal, Germán Graciano. Se acudió entonces a un nuevo intento de
encubrimiento que estuvo acompañado por nuevas estigmatizaciones contra nuestra
Comunidad de Paz. Esa tarea se le encomendó al Gobernador de Antioquia LUIS
PÉREZ GUTIÉRREZ, en cuya hoja de vida hay episodios tan horrendos como la
“Operación Orión” que masacró, bombardeó, torturó, desapareció y perpetró
abundantes montajes judiciales y detenciones arbitrarias en la Comuna XIII de
Medellín (una de las comunes más pobres de la ciudad) cuando él ejercía como
Alcalde (octubre 2002).
El
pasado 2 de enero de 2018, Luego de un amañado “Consejo de Seguridad” en el que
las informaciones las suministraron militares y policías, el GOBERNADOR LUIS
PÉREZ lanzó a los medios la versión
según la cual los victimarios no eran ningunos paramilitares sino
integrantes de nuestra misma Comunidad,
en concreto “el peluquero de la comunidad”, quien con una capucha quiso atracar
una tienda del mismo asentamiento, concluyendo el Gobernador que nuestra
Comunidad es mentirosa y comparable a la figura mítica del “pastorcito mentiroso. El Gobernador se
adelantaba, pues, a justificar que el
Estado no hará nada para defender nuestra Comunidad cuando sean ejecutadas las
grandes masacres que se vienen anunciando, dado que, según él “la comunidad es tan mentirosa como el
pastorcito mentiroso”.
Mucha
gente, en el país y en mundo, se encuentra indignada y se pregunta por qué un Gobernador que procede de esa
manera no es sancionado ejemplarmente. También se preguntan por qué los
funcionarios judiciales que dejaron en libertad a los victimarios a las pocas
horas de entregárselos con la mediación de un Viceministro del alto gobierno,
no son destituidos y sancionados. En realidad, estamos tan acostumbrados a vivir en medio de un Estado mentiroso y
criminal y al lado de un poder judicial que ha dejado en la impunidad absoluta
millones de crímenes de lesa humanidad y está hundido en la corrupción más
aterradora, que estos nuevos episodios aberrantes nos parece que hacen parte
del “paisaje normal” de este Estado.
La
tolerancia o coordinación del gobierno con el GOBERNADOR PÉREZ GUTIÉRREZ viola
las normas establecidas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191 de
2004. Dicha Sentencia establece que cuando un mandatario pretende INFORMAR,
jamás puede hacerlo con base en fuentes no verídicas, pues pisotea el derecho consagrado en el artículo
20 de la Constitución “a recibir
información veraz e imparcial”, e incluso cuando trata de EXPRESAR SUS
OPINIONES ante la población, tal libertad de opinión no puede transgredir las
nociones de veracidad e imparcialidad tan importantes en la Constitución. Dicha
Sentencia afirma: “… aunque en principio la libertad de pensamiento no
conoce restricciones, cuando la opinión expresada se fundamenta sobre hechos no
veraces, ésta se desnaturaliza al no versar sobre una interpretación o
valoración de hechos ciertos o pensamientos verídicamente conocidos, generándose,
entonces, una vulneración a los derechos de información en cabeza de los
receptores de la opinión, así como una eventual amenaza injusta a los derechos
a la honra y al buen nombre del sujeto o sujetos objetos de la opinión”
(cita también la Sentencia T-1202 de 2000). Además la Sentencia recuerda
que: “las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares’ (…) También afirma
dicha sentencia que a todas las autoridades les compete “una posición de
garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del
territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba
abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en
riesgo tal categoría de derechos. Esta
obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial
protección constitucional tales como los defensores de derechos humanos, los
reinsertados, los desplazados por la violencia o los miembros de comunidades
de paz (Sentencia T-588 de 2003 y T-327 de 2004), quienes debido al estado
de vulnerabilidad en el que se encuentran, que se manifiesta en un mayor nivel
de exposición a riesgos de carácter extraordinario y de amenaza de sus derechos
fundamentales, especialmente de los derechos a la seguridad personal, a la
integridad física y a la vida, merecen un tratamiento especial y la adopción de
medidas reforzadas de protección”.
La misma Sentencia, frente a la eventualidad de
transmisión por parte de mandatarios de informaciones inexactas que desconocen
derechos fundamentales de personas y grupos, afirma que deben ser objeto de
diferentes controles, tales como: un control político en el seno del Congreso
de la República; un control político
ciudadano a través de veedurías ciudadanas; un control judicial mediante
acciones penales por calumnia e injuria; una acción de tutela cuando se
lesionan derechos fundamentales; una acción ante tribunales internacionales
establecidos en defensa de los derechos humanos (Cfr. Sentencia T-1191/04,
Parte II, No. 4.2) Para la Corte, tales afirmaciones falsas tienen un agravante
mayor cuando se expresan ante medios masivos de comunicación “en atención a
la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos
poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al
impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e,
incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos, debido a que
el espacio de reflexión de las noticias que se reciben a diario, y a las
mínimas posibilidades de defensa que tienen aquellos sujetos que puedan
resultar afectados por las informaciones que se transmiten (...) el empleo de
esta categoría de medios genera en el Presidente, como en cualquier otra
autoridad particular, una mayor responsabilidad que aquella que deviene de la
utilización de otros sistemas de comunicación no masivos”
(ibid. Parte II, No. 4.3).
Si
el gobierno respetara la Constitución, las leyes y sus compromisos
internacionales, no dudaría en destituir fulminantemente a esegobernador, un
verdadero delincuente que hasta se ufana de acciones tan perversas. Pero es
evidente que el gobierno tolera y protege sus crímenes en un contexto de
criminalidad estatal de alto nivel.
Este
episodio nos recuerda otro de similar repugnancia cuando el gobernador era el
Señor SERGIO FAJARDO. En ese entonces, en estrecha unidad de acción, militares
y paramilitares desaparecieron a un joven de la vereda La Hoz de San José de
Apartadó. Cuatro magistrados de la Corte Constitucional enfrentaron a Fajardo
en Medellín (18 de septiembre de 2013) para pedirle actuar contra tal crimen de
lesa humanidad perpetrado en su jurisdicción. La respuesta de Fajardo fue
indignante: soy agente del Estado y solidario con sus actuaciones, entre ellas
las de la fuerza pública; dejemos que ella resuelva el problema (a sabiendas de
que miembros de la fuerza pública estaban involucrados en el crimen). Respuesta
que dejó estupefactos a los magistrados y a otras personalidades presentes.
Indigna saber que ese Señor esté aspirando ahora a la presidencia de la
República.
Nuestra
Comunidad agradece nuevamente la gran cantidad de mensajes de solidaridad
recibidos desde muchos rincones de Colombia y del mundo, en los cuales rechazan
y condenan la actitud unificada del Estado con las estructuras paramilitares
para justificar el exterminio de nuestra Comunidad. Con todas esas personas,
grupos, comunidades, municipalidades, instancias locales y regionales de
gobiernos y organizaciones internacionales, nos sentimos identificados en unos
principios éticos y humanos, que hoy brillan por su ausencia en el poder creciente
de nuestros victimarios avalados por nuestras instituciones falsamente
democráticas.
Comunidad de
Paz de San José de Apartadó
Enero 22 de
2018