Destruimos pequeñas armas que de todos modos nos iban a masacrar, como signo de nuestro repudio a las cadenas de muerte
Nuevamente
nuestra
Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al
país y al mundo para dejar constancia de las últimas agresiones que hemos sufrido
por parte de este Estado-paramilitar que cada vez revela más su talante
criminal.
Hoy
nuestra comunidad de paz sigue en esa lucha por la defensa de la vida y el
respecto por los derechos de la población civil en nuestro territorio. Ya son muchas
las constancias que hemos dejado a nivel público sobre las amenazas que nuestra
comunidad ha recibido, las cuales revelan que existen estructuras criminales
muy afianzadas que se apoyan en la tolerancia, la convivencia, la aquiescencia,
el respaldo y la colaboración de las instituciones que dicen defender la
Constitución y las leyes pero que hacen todo lo contrario.
El
pasado 29 de diciembre nuestra comunidad vivió una arremetida paramilitar en
nuestro asentamiento de San Josesito, la cual tenía la única intención de
asesinar a miembros de nuestra Comunidad de Paz, hecho que por fortuna no se
consumó, gracias a la reacción de nuestros compañeros, pues se logró retener a
dos paramilitares, inmovilizarlos y quitarles sus armas: una pistola SIGSAUER,
calibre 9 mm., serial: B252721, dos celulares (Alcatel y Samsung), una navaja y dos
machetes. Estos materiales de guerra fueron guardados para después ser
destruidos en presencia de instituciones, organizaciones y medios de
comunicación, lo cual ya se efectuó, siendo entregados los restos materiales
inservibles a la Defensoría del Pueblo en cabeza del Defensor Nacional, Señor
Carlos A. Negret.
Muchas
personas y organizaciones nos han criticado por no poner esas armas a
disposición de autoridades de investigación y control, pero nuestra Comunidad
ha experimentado, a lo largo de sus 20 años de existencia, que esas armas
regresan temprano o tarde a los circuitos criminales organizados para destruir
vidas humanas y a ello contribuye, indudablemente, la extrema corrupción del
aparato judicial y la solidaridad comprobada de nuestra fuerza pública con las
estructuras criminales paramilitares. Por principios éticos que tenemos muy
claros desde nuestro origen, nuestra Comunidad se niega a colaborar con esas
cadenas camufladas de muerte que hunden sus raíces en un Estado enemigo de los
pobres y de sus expresiones sociales aunque profese, en los discursos, otros
principios.
La
escandalosa decisión de la Fiscalía de dejar en libertad inmediata a los
asesinos que logramos inmovilizar y entregar a un delegado del alto gobierno,
decisión censurada por numerosas manifestaciones nacionales e internacionales
de organizaciones de toda índole, incluyendo gobiernos extranjeros y organismos
internacionales, demuestra a las claras esa solidaridad del Estado con los
criminales. Seguramente podrán alegar formalidades legales,
como nuestra misma decisión de no entregar las armas incautadas o no presentar
quejas formales antes las corruptas instituciones judiciales frente a las
cuales hicimos ruptura hace muchos años, luego de demostrar minuciosamente su
podredumbre sin que las altas Cortes nos dieran solución alguna, pero todo esto
demuestra que la justicia pide a gritos una reforma radical, pues ha llegado magistralmente
a combinar impunidad para las élites del poder y sus brazos criminales y
arbitrariedad represiva para los inconformes con la opresión.
Las
grotescas y repulsivas declaraciones del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez
Gutiérrez, quien pretendió frenar con mentiras y revictimizaciones contra
nuestra Comunidad de Paz las reacciones frente al horrendo crimen paramilitar
del 29 de diciembre, han recibido el repudio internacional y las censuras
éticas más contundentes de infinidad de personalidades, organizaciones e
instituciones nacionales e internacionales, pero esas censuras no lo afectan a
él ni al gobierno nacional, ya que la ética no figura en sus intereses ni en su
escala de valores.
Dejamos
constancia de estos últimos hechos:
.El martes 30 de enero de 2018, hacia las
15:00 horas, se escucharon disparos en el punto conocido como La Tequera, a tan
solo 5 minutos de nuestro asentamiento de San Josesito. Enseguida una moto con
dos reconocidos paramilitares salió de ese lugar y pasó por la carretera frente
a nuestro asentamiento de San Josesito. Unos metros más abajo volvieron a hacer
disparos, los cuales fueron escuchados muy de cerca desde nuestro asentamiento.
Era evidente que con ello querían significar que siguen buscando ocasiones para
masacrarnos y que siguen siendo intocables para las autoridades de control y
contando con su tolerancia y aquiescencia.
.El miércoles 31 de enero de 2018 a las
12:00 del mediodía nuestra Comunidad realizó el acto de destrucción de las
armas retenidas a los cinco paramilitares que intentaron asesinar a nuestro Representante
Legal y a otros miembros de nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre
del 2017. Para dicho acto se contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo
en cabeza del Señor Defensor Nacional Carlos A. Negret y de medios de
comunicación como El Espectador, Canal Uno y otros. Los restos de las armas
destruidas fueron dejadas bajo el cuidado de la Defensoría del Pueblo mediante
dicho acto público.
Nuestra
comunidad, como en otros momentos, deja muy en claro que no queremos la guerra y mucho
menos materiales de violencia que destruyan vidas humanas.
El Estado
es responsable de todo esto que está ocurriendo, pues no ha querido aceptar que
existen estas estructuras paramilitares en nuestra región y prefiere
encubrirlas y negarlas y dejar incólumes las instituciones que más colaboran
con ellas.
Con
la destrucción de estas armas queremos dejar una constancia adicional de que
estos dos paramilitares retenidos por nuestra Comunidad de Paz el 29 de diciembre
y entregados a funcionarios del alto Gobierno para que quedara una evidencia irrefutable
de la existencia y del accionar criminal del paramilitarismo en nuestra zona, son
culpables de haber intentado perpetrar una masacre y si no la consumaron fue porque
se les impuso una fuerza mayor. Si fueron dejados en libertad inmediatamente, a
pesar de que las autoridades de la Brigada XVII del Ejército, los mandos de la
Policía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y otras
autoridades, teniendo incluso como testigo al Obispo de Apartadó, presenciaron
el acto de entrega y la firma del Acta de entrega suscrita por el Viceministro
del Interior y el Defensor Regional del Pueblo, con presencia masiva de la
Comunidad de Paz y de campesinos de nuestro entorno, todo eso revela una
connivencia escandalosa del poder judicial con el crimen. Para ello nuestro
repudio moral más radical y masivo. Este Estado, con los partidos que lo
respaldan, con su fuerza pública degenerada y sus gobernaciones y alcaldías
corruptas son responsables de todo lo que pueda pasarle a los integrantes de
nuestra Comunidad de Paz y a la población campesina de nuestro entorno físico y
social.
Con
nuestra inmensa gratitud a la multitud de organizaciones, comunidades y
personas de Colombia y del mundo entero que nos han rodeado con su solidaridad
insobornable en estos momentos tan aciagos, dejamos esta nueva constancia.
Comunidad d Paz
de San José de Apartadó
Febrero 02 de
2018