Derecho a matarnos = “derecho fundamental” de los paramilitares que nuestra falsa justicia defiende y protege
Nuestra
Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de
dejar constancia ante el país y el mundo de nuevos hechos que corroboran
nuestra anteriores constancias y que evidencian la persistencia de políticas
estatales de carácter criminal, las cuales, aunque sean negadas reiteradamente
por el gobierno y las instituciones del Estado colombiano, sin embargo se continúan
desarrollando en la realidad real y de ninguna manera pasan desapercibidas para
las víctimas, quienes tenemos que sufrir sus consecuencias desastrosas de
manera permanente.
·
El
30 de marzo de 2018, Viernes
Santo, cuando un numeroso grupo de integrantes de nuestra Comunidad de Paz se
desplazaba entre las veredas La Esperanza y Mulatos Medio, en un recorrido por
los caminos ensangrentados de nuestras montañas donde el Estado colombiano ha
masacrado a centenares de nuestros compañeros, caminos que habitualmente
recorremos en memoria de la Pasión de Cristo reproducida en la Pasión de
Nuestro Pueblo y de Nuestra Comunidad, pudimos encontrar un campamento de
paramilitares en terrenos de la FINCA DEL SEÑOR MUÑOZ. El testimonio fotográfico de este hecho
lo difundimos pocas horas después por las redes sociales.
·
El
domingo 1° de abril de 2018,
cuando un grupo grande de integrantes de nuestra Comunidad de Paz regresaba del
recorrido del Via Crucis hacia San Josesito y otras veredas, pudo comprobar la
presencia de un conjunto de paramilitares en la vereda Mulatos Cabecera.
· Durante
la última semana (primera semana de abril) han llegado mensajes de los
paramilitares asentados en la vereda Playa Larga, donde se ubica su
asentamiento central, en los cuales se conmina a los líderes de nuestra
Comunidad de Paz a entrar en contacto con los líderes paramilitares con el fin
de llegar a acuerdos con ellos, o de lo contrario procederán a asesinarlos.
Ponen como ejemplo el de juntas comunales o campesinos y finqueros de la región,
quienes luego de muchas reticencias se han visto forzados a negociar con ellos
y a someterse a sus directrices y planes para poder vivir tranquilos.
· Testimonios
recogidos en la zona de la Represa de Urrá, en Tierralta, Córdoba, donde
nuestra Comunidad de Paz tiene varios asentamientos, muestran que el control de
navegación en la represa durante la noche es cedido por la Infantería de Marina
a los paramilitares, prohibiendo todo tránsito a la población civil, pero se escucha
el ruido de muchos motores, lo que revela que el narcoparamilitarismo domina el
escenario por las noches para actividades ilícitas. Esto coincide con un
dominio total del paramilitarismo sobre la población de las veredas aledañas,
lo que ha llevado a muchos pobladores a tomar la decisión de desplazarse.
Lamentablemente
las instituciones del Estado colombiano y los medios masivos de desinformación
siguen respondiéndole a la comunidad internacional que “no existen ya grupos paramilitares”; que ellos son realidades del
pasado ya desaparecidas. Así le mienten al mundo entero y buscan así proyectar
la imagen de un país falsamente pacificado. Ni las autoridades administrativas
ni las judiciales actúan en ninguna medida contra esos grupos y no les importa
en absoluto el clima infernal de zozobra y amenaza que grandes masas de campesinos
y sectores marginados tenemos que soportar por sus imposiciones, amenazas y
agresiones.
En
cuanto al desempeño de la justicia, es revelador que la Fiscalía General de la
Nación, en respuesta a entidades internacionales, haya informado que la captura
de los dos paramilitares que fueron inmovilizados y desarmados por miembros de
nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre, para impedir que asesinaran
a nuestro Representante Legal y a otros miembros del Consejo Interno de nuestra
Comunidad, fueron ilegalmente capturados porque “fueron violados sus derechos fundamentales” y por tal razón dejados
en libertad por el Juez Promiscuo Municipal de Apartadó a petición del Fiscal
97 Seccional, y que la demanda que dichos paramilitares pusieron contra nuestra
Comunidad por “secuestro”, está en
trámite bajo el Radicado 05001600784201800001. Mientras en las dos décadas
pasadas a los funcionarios judiciales no les importó nada la violación de los
derechos fundamentales de varios centenares de ejecutados de nuestra Comunidad
y de nuestro entorno, la mayoría por
agentes del Estado, ni el aniquilamiento de los derechos de los millares de
desplazados, despojados, torturados, amenazados, desaparecidos, estigmatizados
y humillados por esos mismos victimarios que nuestra Comunidad ha padecido,
quedando los poquísimos procesos abiertos en total impunidad, ahora sí están
prestos esos funcionarios a denunciar y procesar supuestas violaciones de
derechos de los paramilitares asesinos, “derechos”
que no encuentran otra posible formulación sino la del derecho a matar a nuestros líderes. ¿Podrá interpretarse de manera
diferente el tratamiento de este caso por parte de fiscales y jueces, que no
sea un aval y solidaridad con los asesinos, puesto que lo que ellos califican
como “violación de sus derechos” no es más que el acto de inmovilizarlos y
desarmarlos para impedirles disparar, y retenerlos hasta que una autoridad
nacional se encargara de su custodia? Es decir: respetar sus derechos consistía,
para fiscales y jueces, permitirles matar y el no dejarnos matar fue, para
fiscales y jueces, una violación de los derechos de los asesinos. 21 años de experiencia de inutilidad de las
denuncias en el sistema judicial para defender la vida, es una experiencia que
nos impide leer sus decisiones de otra
manera.
Por
otra parte, a la Corte Constitucional, en su Auto 693/17 de seguimiento a la
Sentencia T-1025/07 que defendía los derechos de nuestra Comunidad, se le
ocurrió que la mejor manera de enfrentar el fenómeno paramilitar que afecta a
nuestra Comunidad de Paz, era remitir los casos a la UNIDAD ESPECIAL DE
INVESTIGACIÓN PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES, creada
en el Acuerdo de Paz (#3.4.4) y reglamentada en el Decreto 898 del 29 de mayo
de 2017. La Fiscal encargada de dicha Unidad se atreve a afirmar que, en todo
este año, desde la creación de la Unidad, “no se tiene conocimiento acerca de conductas
punibles que atenten contra integrantes de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó”. Si se tiene en cuenta
que este año ha sido aterrador por el accionar intenso del paramilitarismo en
nuestra región, hay que preguntarse entonces dónde y cómo se informa dicha
Fiscal. Nuestras constancias están en las redes sociales, en los tribunales
penales internacionales, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en
el Cuerpo Diplomático, en la Presidencia de la República, en numerosos
organismos humanitarios universales, en comunidades hermanadas en muchos países
y en muchas franjas de ciudadanos del mundo que aún conservan principios de
ética universal. Pero la mencionada Fiscal, como se deduce de sus ofertas,
sigue aferrada a los formalismos jurídicos diseñados para dejar impunes todos
los crímenes; sigue aferrada al TESTIMONIO como “medio probatorio”, como
ignorando que en muchas décadas pasadas el testimonio fue manipulado por
militares, paramilitares, políticos y delincuentes para construir millones de procesos
falsos, con testimonios producidos por el soborno, la amenaza y el chantaje; sigue aferrada a descargar toda la carga de la
prueba en las víctimas, sin importarle nada los riesgos que estas corren y el
uso que hacen los criminales adinerados y sostenidos por el poder del Estado,
para ejercer represalias contra las víctimas denunciantes; sigue aferrada al
sesgo político e ideológico que impulsa a buscar delitos sólo en las franjas
críticas del Estado y de la clase política dominante; sigue aferrada a una
justicia que no respeta la imparcialidad ni la independencia y que pisotea los
principios que no encuentra útiles para sus sesgadas condenas o absoluciones.
En síntesis, la Fiscal tan alardeada es una simple reproducción del modelo de
fiscalías que viene del pasado, que le ha prestado los mayores servicios a la
impunidad y a la arbitrariedad judicial. Nada confiable. Todo deplorable.
Nuestro
dolor de patria crece sin descanso y de nuevo agradecemos a las organizaciones,
grupos, comunidades y personas que desde muchos rincones del país y del mundo
nos siguen dando ánimo en nuestra resistencia, para no claudicar frente a
principios de elemental dignidad.
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó
Abril 10 de 2018