Carta abierta al presidente saliente Juan Manuel Santos
San
José de Apartadó, julio 13 de 2018
Señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de Colombia
Bogotá, D. C.
De
toda consideración.
A
muy pocos días de terminar su segundo período de gobierno, queremos
manifestarle sinceramente y de manera somera lo que hemos vivido y sentido
durante estos 8 años en los cuales usted ha ocupado el cargo de Presidente y
Jefe de Estado, período que se proyecta hacia atrás por el tiempo en que usted
ejerció como Ministro de Defensa del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Durante
su mandato, Presidente Santos, acudimos en 20 ocasiones a usted, haciendo uso
del derecho constitucional de petición, para pedirle, de manera apremiantes,
que en atención a obligaciones muy claras que la Constitución le impone al Jefe
de Estado, interviniera directamente para frenar la cadena de crímenes de lesa
humanidad que su ejército, sobre todo a través de la Brigada XVII y otras
unidades, en unidad de acción con las estructuras paramilitares, había
perpetrado y aún sigue perpetrando contra la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó y contra el campesinado de su entorno. Usted siempre esquivó esas
peticiones y les dio órdenes a sus secretarías jurídicas de remitirlas a los
mismos victimarios: el Ministerio de Defensa y sus diversas unidades, alegando
decretos que no pueden oponerse a órdenes constitucionales y que se ajustan a
la figura universalmente antijurídica de convertir al victimario en su propio
investigador y juez.
Nadie
ignora que una política evasiva frente a cadenas de crímenes horrendos y
sistemáticos, encubiertos por los veredictos autoabsolutorios de sus propios
subordinados, compromete con toda evidencia al primer mandatario ante una
Comunidad Internacional que durante ya muchas décadas ha elaborado tratados y
convenciones para proteger a las víctimas de esos horrores. Usted, pues, Presidente
Santos, sale responsable ante la historia y ante el mundo de centenares de
crímenes horrendos que han tratado de exterminar a nuestra Comunidad de Paz,
tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos
sexuales, masacres, desplazamientos forzados, torturas, retenciones,
detenciones y enjuiciamientos ilegales y arbitrarios, amenazas por millares,
anuncios de exterminio, cercos de hambre, destrucciones e incineraciones de viviendas
y de campos de cultivos, asaltos a mano armada para robar los bienes de
sobrevivencia de las víctimas, profanación y ocultamiento de cadáveres, pillajes,
robos de animales domésticos, principalmente de bestias de carga, único medio
que posee el campesino de la zona para comercializar sus pobres productos, robo
de los instrumentos de trabajo agrícola, campañas de calumnia, difamación y
estigmatización a través de los medios masivos, ausencia, manipulación y
corrupción de investigaciones judiciales y disciplinarias, generalización de la
impunidad y de la desprotección judicial.
Si
bien la Comunidad de Paz hizo uso de la Acción de Tutela en ciertas ocasiones y
obtuvo respaldo de la Corte Constitucional, la cual emitió tres Sentencias y
dos Autos en favor de la Comunidad, usted mismo y las instituciones de su
gobierno desacataron todas las órdenes de la más alta Corte del Estado, además
de otras órdenes incluidas en otras sentencias de dicha Corte, como las
referidas a la prohibición de mantener unidades militares y policiales en medio
de la población civil en zonas de conflicto, o las que se refieren a la
prohibición al mandatario de pronunciarse públicamente contra grupos y
comunidades echando mano de informaciones no verídicas o las que se refieren a
la prohibición de empadronamientos. El desacato de su gobierno a todas esas
normas y decisiones constitucionales nos hizo concluir siempre que el “Estado
de Derecho” constituye más una ficción propagandística utilizada para encubrir
realidades contrarias.
Durante
todo su gobierno, como también durante el gobierno del Presidente Uribe,
estuvimos solicitando que se nos suministrarían los nombres, códigos
institucionales, unidades y cadenas de mando de todos los miembros de la fuerza
pública que estuvieron presentes en los días, horas y sitios en que fueron
perpetrados los crímenes, pero su gobierno siempre se negó a ello, y cuando la
Corte Constitucional se lo ordenó repetidas veces, usted desacató sus órdenes
burlándose de la más alta Corte del Estado. Y ya para terminar su mandato, en
diciembre de 2017, la Corte se lo volvió a ordenar, dándole dos meses de plazo
para cumplir la orden y su gobierno volvió a desacatar el mandato de la Corte.
Tal contumacia tiene, de toda evidencia, un propósito: mantener encapuchados y
clandestinizados, al peor estilo paramilitar, a los criminales insertos en su
gobierno.
Usted
deja, pues, la Presidencia, con una enorme deuda frente a la humanidad. Ojalá
llegue el día en que tribunales internacionales honestos ejerzan justicia frente
a esos millares de crímenes y enjuicien su comportamiento de participación en
los mismos con carácter de complicidad, connivencia, apoyo, tolerancia y
protección de sus actores.
En
este contexto, nos avergüenza la distinción que se le hizo al otorgarle el
Premio Nobel de Paz, sin que mediara siquiera un reconocimiento de culpa en
estos y muchos millares más de crímenes contra los derechos elementales de los
colombianos, perpetrados por sus subordinados protegidos por su actitud de
negarse a que siquiera fueran investigados y más bien exonerados
ideológicamente de toda culpa, como ocurrió en las intervenciones durante del
“Proceso de Paz”, luego enormemente degradado.
Con
enorme dolor de patria,
Comunidad
de Paz de San José de Apartadó
Javier Giraldo Moreno, S. J. firmante de los
derechos de petición