Denunciar: delito predominante en el código penal de facto sanción correspondiente: pena de muerte
De
nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de
acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los
cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cada vez someten
más a nuestra región al exterminio, acabando con todos los valores de la vida
campesina y sometiendo al poblador civil a una cadena de agresiones que,
gracias a la impunidad reinante y a la tolerancia y complicidad de las demás
instituciones, en lugar de disminuirse se reactiva incesantemente.
La
DENUNCIA, recurso elemental al cual nos aferramos las víctimas para proteger
nuestras vidas, derechos y dignidad, ha sido molesta para los victimarios en
todo tiempo. En los primeros años de existencia de nuestra Comunidad de Paz,
cuando no habíamos descubierto aún la extrema podredumbre de los órganos de
control del Estado, echábamos mano de la denuncia institucional,
contemplada en la Constitución y las leyes, pero ella llevó siempre a la
represalia contra los denunciantes, ya fuera con la muerte, la estigmatización,
la judicialización o el desplazamiento forzado. Por ello rompimos con la
justicia institucional pero no con la denuncia, apelando a la Comunidad
Internacional, a la Sociedad Civil y a las autoridades administrativas que
tienen obligaciones ineludibles de protección que nunca cumplen. Pero a medida
que la denuncia presiona desde el mundo ético y político, los victimarios se
desesperan y radicalizan su criminalidad. Ya no soportan siquiera la
fiscalización de instituciones estatales, como LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, cuando
no las pueden cooptar: el DEFENSOR COMUNITARIO DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ tuvo que
irse para salvar su vida. Los paramilitares andan averiguando además quiénes de
los campesinos que los ven pasar constantemente por sus caminos, los están
denunciando e inmediatamente le decretan la sentencia de muerte. La lista de
los condenados a muerte crece y crece.
Los
hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:
·
El jueves 24 de mayo de 2018, en
horas del día fue interceptado el Defensor Comunitario designado para San José
de Apartadó, Marco Fidel Hernández,
por hombres armados quienes lo amenazaron de muerte si no se iba de la región.
·
El viernes 25 de mayo de 2018, a las
9:30 a. m. fue amenazada de muerte la coordinadora del partido Unión Patriótica
en Apartadó, Esneda López, al tiempo
que mandaron con ella nuevas amenazas de muerte contra el Defensor Comunitario
para San José de Apartadó, Marco Fidel
Hernández, conminándolo nuevamente a abandonar la región.
·
El domingo 27 de mayo de 2018,
nuevamente fue interceptado en Apartadó el Señor Defensor Comunitario Marco Fidel Hernández por hombres
armados quienes lo conminaron otra vez a irse de la región o si no lo matarían.
A falta de garantías mínimas para proteger su vida, tuvo que irse de la zona
dejando de ejercer la misión recibida de actuar como Defensor del Pueblo
encargado del corregimiento de San José de Apartadó.
·
El viernes 17 de agosto de 2018, a las
8.30 a. m. pasaron 7 paramilitares portando uniformes y armas largas por
nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulatos Medio. Nuevamente
a las 3:30 p. m. volvieron a pasar por el mismo sitio,
violando nuestra propiedad privada como Comunidad de Paz y el principio
fundamental de nuestro Reglamento de no admitir armas en nuestros espacios ni
convivir con ningún actor armado.
·
El sábado 18 de agosto de 2018, a las
4:04 p. m. una comisión del partido Fuerza
alternativa Revoluciona del Común (FARC) encabezada por señor Joverman Sánchez Arroyave, quien se
hacía llamar “Manteco” en los
tiempos de su lucha armadas en las FARC-EP, intentó violar nuestra propiedad privada
de San Josesito de Apartadó, al penetrar sin autorización alguna con sus
escoltas armados. Nuestra Comunidad de Paz rechaza este tipo de incursiones a
nuestros espacios comunitarios como si fueran espacios públicos y, con más
contundencia cuando se trata de pisotear nuestro primer principio como
Comunidad de Paz de no admitir armas letales ni personas armadas de ningún
bando. Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado claro que a toda persona que
hace parte de grupos armados o porta armas, sean legales o ilegales, le está
totalmente prohibido su ingreso a nuestros espacios comunitarios.
·
En los últimos meses nuestra Comunidad de Paz ha
tenido que hacer mayor presencia comunitaria, con acompañamiento internacional,
en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y en las veredas Mulatos Medio y La
Esperanza, de San José de Apartadó, ya que grupos paramilitares que tienen sus
grandes campamentos en la finca del señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, y
en la finca del señor Aníbal, en la vereda Mulatos Medio, han proferido
amenazas de muerte muy contundentes contra varios integrantes de nuestra
Comunidad de Paz, entre ellos: Idomar
Vargas, Edison Vargas y el menor
de edad Johan David, quienes viven
en nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Tres mandos paramilitares que se hacen llamar “Aquiles,” “Cementerio, y “Alias Peña”, quienes actúan conjuntamente con los alias: “Chiquito Malo”, “Pantera”, “Móvil Nueve”, “Majute” y “Caballo”, los
cuales están controlando la zona de Mulatos y La Esperanza, han afirmado que
van a entrar a nuestra Aldea de Paz y van a asesinar a Idomar, a Edison y a Johan porque, según ellos, los están
denunciando cada vez que pasan por los espacios privados de la Comunidad de Paz
y para lo cual ya tienen orden de hacer efectivas las ejecuciones en cualquier
momento. Ahora mantenemos comisiones permanentes de la Comunidad de Paz, con
acompañamiento internacional, pues el riesgo de perder la vida es grande para
quienes viven en nuestra Aldea de Paz. En días anteriores una tropa militar del
Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII que patrullaba la zona de Mulatos,
tomó fotos a miembros de nuestra Comunidad de Paz y luego se las envió a estos
paramilitares.
Las
amenazas contra los integrantes de nuestra Comunidad de Paz hay que leerlas en
el contexto nacional de las grandes masacres y eliminación de líderes y
lideresas sociales que se están multiplicando a lo largo y ancho del territorio
nacional. Lo ocurrido con nosotros en el año 2005, cuando se consolidaba el
plan de gobierno del ex presidente Uribe Vélez, apoyado por las fuerzas
paramilitares que habían inundado de sangre el país, anuncia repetirse en esta
nueva coyuntura, cuando el gobierno recién elegido, apoyado en la misma fuerza
uribista, se aferra nuevamente a la ideología represiva, anti popular, favorecedora
de las élites más excluyentes y de las empresas más expoliadoras y destructoras
de la naturaleza y de las capas empobrecidas de la nación y proclaman con prepotencia
su rechazo a los tímidos esfuerzos de paz en los cuales se habían comprometido
sectores conscientes del país. En 2005, bajo la agresión uribista paramilitar,
nuestra Comunidad de Paz sufrió una de las más horrendas masacres que han
marcado nuestra historia: la de Mulatos y Resbalosa del 21 de febrero de ese
año, pero contextuada por otra cantidad de ejecuciones y de agresiones contra
nuestros derechos y dignidad. Hoy vemos de nuevo a muchos de los responsables
de esos horrores ocupando, sin pudor alguno, y amparados en espesos mantos de
impunidad, altos cargos del Estado.
Es,
pues, lógico, que nuestra Comunidad de Paz sienta miedo. Quienes nos amenazan
de muerte tienen hoy respaldos institucionales más contundentes que en el
pasado inmediato. Ya antes, en otra de nuestras Constancias, nos referimos a la
euforia expresada por los paramilitares que controlan nuestro corregimiento,
reunidos en la vereda La Cristalina el 23 de junio de este año, al conocer los
resultados de las últimas elecciones, pues afirmaban que el verdadero
triunfador era Álvaro Uribe, el mismo que había impulsado el paramilitarismo y
lo había consolidado y protegido en todo el país y en el cual ellos confiaban a
ciegas como respaldo a su accionar criminal.
Con el
paso de los días, nuevos nombres se van sumando a la lista de miembros de
nuestra Comunidad que los paramilitares van exhibiendo como “condenados a
muerte”. Todas las altas Cortes del país y de la Comunidad Internacional saben
que ellos tienen en la mira a GERMÁN GRACIANO POSSO, nuestro Representante
Legal; a GILDARDO TUBERQUIA ÚSUGA, coordinador de la Aldea de Paz Luis Eduardo
Guerra; a JESÚS EMILIO TUBERQUIA ZAPATA, anterior representante legal; a ARLEY
TUBERQUIA ÚSUGA, anterior miembro del Consejo Interno; a JOSÉ ROVIRO LÓPEZ
RIVERA, actual miembro del Consejo Interno; a ESTEBAN GUISAO HERNÁNDEZ, anterior
administrador de La Esperanza; a CRISTÓBAL MEZA, poblador de La Esperanza, a
campesinos de nuestro entorno como REINALDO AREIZA DAVID e incluso han
anunciado que atentarán contra acompañantes internacionales. Ahora ponen en la
mira a IDOMAR VARGAS GONZÁLEZ, a EDISON VARGAS y al menor JOHAN DAVID, como
también a LOS HIJOS DE ERNESTO GUZMÁN a quien ya asesinaron por no querer
venderles su finca y atentaron ya contra su hijo JUAN desde una guarnición
militar. Ellos no sienten remordimiento alguno por asesinar niños, como lo
hicieron en febrero de 2005 descuartizando a 4 menores, uno de ellos de sólo 18
meses. Ellos no tienen alma pero sí tienen poder y respaldo silencioso e
hipócrita de todas las instituciones del Estado, las cuales no mueven un dedo
para controlarlos y sancionarlos; sus manos y sus mentes criminales gozan de
plena libertad. El Estado, a través de la Unidad Nacional de Protección, ha
ofrecido formas de protección que no protegen
sino que recogen informaciones que van a los victimarios y los ponen en más
alto riesgo; por eso han sido rechazadas.
Nuevamente
estamos frente a una posible masacre, que sólo prolonga el genocidio vivido
durante los últimos 21 años, pues así lo están anunciando los paramilitares en
cada una de las veredas del Corregimiento de San José de Apartadó, con la
prepotencia de quienes se sienten orgullosamente en el poder. De allí que
nuestro temor sea grande. Sin embargo, ello no nos lleva ni nos llevará a
claudicar de nuestros principios. En el centro de nuestro asentamiento central
de San Josesito, las siluetas y los nombres de los centenares de compañeros y
compañeras cuyos cuerpos ensangrentados hemos sepultado con dolor pero cuyo
espíritu está más vivo que nunca, nos animan todos los días a permanecer firmes
en un ideal elementalmente humano que contrasta con una criminalidad estatal de
monstruosas proporciones.
Desde esa
nuestra decisión de no claudicar, nos compenetramos nuevamente en profunda
gratitud con quienes desde numerosos rincones del país y del mundo han sido
nuestro apoyo moral y comparten con nosotros dolores y esperanzas.
Comunidad
de Paz de San José de Apartadó
Agosto
29 de 2018