Es inmoral e ilegítimo acatar mordazas criminales
Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó
se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de
las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en las últimas
semanas:
En este momento son muchos los comentarios que se
escuchan en la zona sobre la lucha por el control armado de nuestro territorio,
el cual estaría siendo disputado entre paramilitares reconocidos de vieja data, guerrillas
o armados recién llegados, algunos con brazaletes del ELN, supuestas disidencias
de las FARC y unidades de fuerza pública. Es muy preocupante que una región tan
golpeada por muchos años de violencia tenga seguir sometida a una guerra
despiadada en la total desprotección del Estado.
En las últimas semanas se ha hablado de
enfrentamientos por la zona del río Manso en el Sinú, Córdoba. Al parecer, hay
disputas entre paramilitares de las AGC y grupos armados que afirman ser del
ELN; buscan controlar el corredor entre el río Sinú y Dabeiba, Antioquia, y el Nudo
de Paramillo.
El control paramilitar en las veredas de San José
de Apartadó sigue siendo dominante, pues es notable la intensa presencia paramilitar
en puntos muy estratégicos. En algunas veredas donde tienen sus grandes
campamentos y donde permanecen todo el tiempo armados sin ser molestados, la
fuerza pública, que debería enfrentarlos, desmantelar sus campamentos y
proteger a la población civil, no hace nada para impedir su presencia y
accionar, a pesar de que llevan allí muchísimos años y se han elevado
muchísimas súplicas apremiantes a sus comandantes en jefe para que hagan algo y
no han querido hacer nada. Esto es demasiado preocupante y repugnante y revela
un Estado que no es Estado. Ahora hay una serie de nombres que son reconocidos
por las veredas por ser puntos de información o mandos,
como son: alias Caballo, Majute,
Pantera, Peña, Darío, Cementerio, Nueve, Chiquito Malo, Pueblito, Alfredo,
Alcadio, Elías Giraldo, Pollo, entre otros.
Nuestra comunidad siempre ha podido comprobar la presencia
del paramilitarismo en las veredas e incluso en el casco urbano de San José.
Hace unos días realizamos una peregrinación por algunas veredas, entre ellas
Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, en la cual participaron periodistas y
acompañantes internacionales. En el recorrido pudimos ver hombres de camuflado
y armados en los caminos y además una fuerte presencia de “puntos” o informantes al
servicio del paramilitarismo, los cuales se encuentran en las casas de los civiles
portando radios de comunicación y armas cortas. En dos fincas donde había
concentración de paramilitares, ya la habíamos comprobado el 30 de marzo pasado
(Viernes Santo) cuando pasamos por allí en el recorrido del Via-Crucis; en ese
momento hicimos la denuncia a nivel nacional e internacional mostrando
testimonios fílmicos de su presencia criminal por las redes sociales, pero ni
el gobierno ni su fuerza pública ni los órganos de control del Estado hicieron
absolutamente nada: ocho meses después se encuentran concentrados exactamente
en los mismos sitios. ¿Puede darse más evidencia de la complicidad del Estado
con esos grupos criminales? ¿Dónde quedan la Constitución, las leyes, los
tratados internacionales, los derechos humanos y la dignidad humana? Nada les
importa. Sólo les importa amordazar a quien pretenda revelarle esa verdad a la
sociedad y al mundo. Por eso la han emprendido contra nuestra Comunidad de Paz,
poniendo tutelas para silenciarnos, para que no revelemos lo que estamos viendo
y sufriendo, para que le ocultemos al país y al mundo sus crímenes.
Los hechos de los cuales dejamos constancia son:
·
El
sábado 24 noviembre
de 2018 a las 10:40
horas, cuando nuestra Comunidad de Paz se encontraba en una peregrinación por
las veredas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, con acompañamiento
Internacional y periodistas de radio y televisión, se pudo notar la presencia
de un grupo de paramilitares acantonado en las propiedades privadas del Señor
Aníbal (en Mulatos Medio) y el Señor Muñoz (en la Esperanza) los cuales se
encontraban armados y con uniformes camuflados. Estaban en los mismos sitios
donde los encontramos el 30 de marzo de este año, lo que muestra que nos les
importan las denuncias, y si no les importan es porque se sienten protegidos
por el Estado.
·
El
lunes 26 de noviembre de 2018,
en horas de la mañana, llegaron informaciones de algunos pobladores
manifestando que en la vereda Mulatos, tropas de la Brigada XVII del ejército
abrían retenido a un paramilitar, el cual habría entregado una caleta con implementos
de guerra. Aún no hay informaciones confirmadas sobre este hecho, Hay absoluto
silencio.
·
El miércoles
28 de noviembre de 2018, en horas del día se escuchó una fuerte explosión
en el sector conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio. Al parecer habría
sido una mina anti persona detonada por militares de la Brigada XVII.
·
El miércoles 28 de Noviembre de 2018, militares de la Brigada
XVII del ejército violaron la propiedad privada de un miembro de nuestra
Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio,
allí colocaron celulares a cargar sin permiso de los propietarios de la
vivienda y cuando el propietario de la finca exigió que se retiraran de su propiedad,
la respuesta fue que tenía que presentar las escrituras para ellos poderse
retirar, lo cual obligó al miembro de nuestra Comunidad a irse para donde un
familiar, para no estar entre los militares ya que se encontraban en su casa y
lo ponían en alto riesgo frente a la
alta presencia de armados de otros grupos que de repente podrían llegar haciendo
daño.
·
El
viernes 30 de noviembre de 2018,
en horas del día, se percibió un fuerte enfrentamiento en la vereda La Miranda.
Si bien aún no se han dado informaciones más precisas, se sabe que por las veredas
La Miranda, Miramar y La Cristalina se mueven reconocidos paramilitares los
cuales controlan el territorio y amenazan a los pobladores para implantar su
poder.
·
El
lunes 3 de diciembre de 2018,
la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, ordenó el
arresto de nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, además de
imponerle una multa pecuniaria, por no acatar una Acción de Tutela interpuesta
por la Brigada XVII del Ejército contra nuestra Comunidad de Paz, en la cual le
ordenaba retractarse y retirar de la página web las constancias históricas que
como Comunidad hemos puesto a conocimiento del país y del mundo, denunciando
las agresiones, atropellos, violaciones de nuestros derechos y de nuestra
dignidad humana.
Si la Comunidad recurrió al
medio de las CONSTANCIAS HISTÓRICAS,
fue porque los otros medios de defensa de la vida y de la dignidad resultaron
totalmente ineficaces y contraproducentes. La Comunidad tuvo que invocar la Objeción
de Conciencia, fundada en el Artículo 18 de la Constitución de
Colombia, cuando después de 8 años de recurrir a lo que en Colombia llaman
“justicia”, no solamente no logró ninguna justicia sino que se encontró cara a
cara con la más horrenda corrupción e impunidad. Acudió también al Derecho de
Petición previsto en la Constitución para exigirle a los Presidentes que cumplan
con su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos (artículo 188) y
tampoco los Presidentes quisieron dar garantías a nuestras vidas, dignidad y
derechos: se hicieron los sordos y los ciegos y sus secretarias jurídicas (como
la hoy “magistrada constitucional” Cristina Pardo) alegaron que brindar
garantías no era de la competencia del Presidente. Acudimos también a
tribunales internacionales, pero allí pasan décadas y décadas en trámites sin
solucionar nada. Lo único que nos quedó como protección fue acudir a las Constancias Históricas para que el país
y el mundo conocieran lo que estamos sufriendo día a día como violación de
nuestros derechos y dignidad. Ahora los militares, quienes han estado detrás de
la mayoría de los más de mil crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido,
quieren taparnos la boca, silenciarnos, amordazarnos; quieren que el mundo no
se entere de sus horrores y complicidades; dicen que eso “daña su imagen”, pero
no es nuestro clamor el que daña su imagen sino los hechos que ellos cometen
que nos hacen pedir a gritos compasión y solidaridad. Son sus hechos y
conductas los que dañan su imagen y no nuestros gritos de dolor.
Los militares quieren
castigarnos por “desacato” a una orden de mordaza que no sólo es antiética sino
criminal y que en conciencia no podemos acatar. Acatarla sería ser cómplices de
los victimarios que nos hostigan, persiguen y pisotean nuestros derechos; sería
convertirnos en masoquistas, en personas que aceptan dejarse destruir y
exterminar sin protesta ninguna. Las personas sensatas saben que esa actitud
sería absurda de nuestra parte. En conciencia no podemos acatar la mordaza, la
complicidad con el encubrimiento de los crímenes, el silencio frente a los
horrores. Nadie, con un mínimo de sensatez y de humanidad puede acatar esa
absurda tutela.
Pero además: ¡qué ironía! Esos
militares que hoy nos acusan de no acatar la mordaza infame con que quieren
silenciar nuestro derecho a exigir respeto a la vida y a nuestra dignidad,
ellos mismos son campeones del desacato:
han desacatado por más de 10 años las órdenes de la Corte Constitucional
(teóricamente la más alta Corte del Estado) que les ha ordenado entregar los
nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de
todos los oficiales, suboficiales, soldados y policías que estaban presentes en
los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados centenares de crímenes de
lesa humanidad contra nuestra Comunidad de Paz. No le han obedecido a la más
alta Corte (Sentencia T-1025/07; Auto 164/12 y Auto 693/17) incluso cuando la
Corte les ha reiterado sus órdenes y les ha dado plazos perentorios, ellos no
han obedecido; es un desacato persistente, contumaz y desafiante, y, sin
embargo, siguen creyendo que son “legales”, que están cubiertos por la
“legalidad”. ¡Qué ceguera!
Hay ironías torturantes: a
nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, a quien ahora ordenan
arrestar por “desacato” a semejante inmoralidad, le han asesinado 17
familiares, entre ellos su padre, sus hermanos, tíos, primos y otros parientes;
el pasado 29 de diciembre llegaron a matarlo y, gracias a Dios, miembros de
nuestra Comunidad lograron inmovilizar y desarmar a los asesinos, pero el mismo
juzgado que hoy lo quiere arrestar, dejó libres a los asesinos alegando que se
habían violado sus derechos (sólo pudo ser violado “su derecho a matar”) y al
tiempo abrió un proceso contra nuestra Comunidad por “secuestrar” a los
asesinos. No cabe duda, pues, que, para la juez, a los asesinos se les debió
permitir matar y nuestra Comunidad debió dejar matar a nuestro Representante
Legal. ¿Qué otra interpretación cabe allí? Pero a Germán lo tienen amenazado de
muerte de manera insistente: familiares de los asesinos de diciembre han
acudido a pobladores de San José para insistirles en que antes de terminar este
año Germán tiene que haber muerto. Quizás la Juez quiere ahora arrestarlo en un
sitio donde más fácilmente lo puedan matar. Todos esos crímenes están en
absoluta impunidad ya que el Estado colombiano ha desacatado los clamores por
justicia, no solo de nuestra Comunidad de Paz, sino de organismos y tribunales
internacionales, de parlamentos e instituciones humanitarias mundiales, de
personalidades y comunidades solidarias de numerosos países. Nuestro Estado
desacata todos los clamores por la justicia; basta ver el horror que vivimos
ahora: centenares de líderes sociales asesinados y el Estado se desentiende de
esa criminalidad galopante; no quiere actuar; la única respuesta a todo este
horror es la impunidad. Sólo le interesa amordazar a los que clamamos por algo
de justicia y protección. Nuestras últimas peregrinaciones nos han evidenciado
que el Estado no quiere actuar ni de lejos para proteger a nuestra Comunidad:
los paramilitares han estado armados y uniformados en la mismas fincas donde
los encontramos hace 8 meses, protegidos por una fuerza pública que los llama
“primos” y departe con ellos y sólo quiere destruir a quienes señalan la
aberración de su control social y territorial.
Con esta orden de arresto y de
multa la Juez Mariela Gómez Carvajal se inscribe en la larga lista de
operadores judiciales que persiguen a las víctimas y defienden a los
victimarios, digna de ocupar un sitial en la vergonzosa galería incluida en
nuestro derecho de petición a las altas Cortes del Estado (19 de enero de 2009)
donde demostramos cómo ningún principio rector del procedimiento penal es
respetado sino vergonzosamente pisoteado. ¡Qué dolor de país!
Por todas estas razones no callaremos ante los
atropellos a los cuales somos sometidos cada día que pasa y todo por querer ser
un modelo de vida y de comunidad donde no se toleren armas letales ni
convivencia alguna con quienes las manejan para destruir vidas humanas, sean
las nuestras o las de los campesinos de nuestro entorno.
Agradecemos una vez más a todas las personas que
han escuchado nuestros clamores desde nuestra impotencia, ya que lo único que
nos queda es dejar constancia de nuestros sufrimientos ante el país y el mundo,
en este océano infinito de impunidad y corrupción, pero también de eso nos
quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas tutelas.
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó
Diciembre 5 de 2018