Yo soy German Graciano Soy comunidad de Paz
Nos pronunciamos ante el país y el mundo nuevamente
como Comunidad de Paz, pese a que el Estado con su brazo militar nos quiera
silenciar también por vía judicial. Dejamos constancia sobre los últimos hechos
de los cuales hemos sido víctimas por querer luchar civilmente por un proceso
de vida y la defensa del territorio.
El 06
de diciembre de 2018
nuestra comunidad de paz ejerció su derecho de protestar por las injusticias que
estamos atravesando, en el cual nuestra Comunidad en cabeza del Representante Legal
German Graciano Posso se le impuso una sanción por desacato, “con arresto de cinco (5) días, los cuales
debería purgar en los calabozos de la estación de policía ubicadas en San José
de Apartado, y multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
a favor del Consejo Superior de la Judicatura”. Situación que se suma a la
lista de agresiones que vivimos en la Comunidad y el corregimiento en general
causadas por los paramilitares y la fuerza pública.
Nos movilizamos por el Corregimiento y las calles
de Apartadó en nombre de nuestras víctimas y en contra de la decisión de la
Juez María Mariela Gómez Carvajal, al pretender obligar a nuestra Comunidad a retractarse
de hechos publicados en las Constancias públicas, que NO faltan a la verdad,
como la masacre del 21 de febrero de 2005, en la que se comprobó la
responsabilidad y convivencia en su actuar de militares y paramilitares. En
años anteriores se dejaron en conocimiento las pruebas con testigos ante la
fiscalía para que se investigara y juzgaran a los responsables de tanta
barbarie, pero quienes terminaron sentenciados con la muerte por esas denuncias
fueron los mismos testigos. Nuestras constancias son una medida de protección
para la población y es el medio para dar nuestro testimonio, para denunciar con
la esperanza de que el Estado investigue sus instituciones, pero la respuesta
es que ahora los victimarios obligan a retractarse a las víctimas.
Nos presentamos allí en las instalaciones del
juzgado segundo promiscuo de Apartadó, con mujeres, hombres, niños y abuelos, NO
para retractarnos, sino para ratificar nuestro clamor de que nos dejen vivir en
paz, que respeten la vida, la tierra, el territorio, nuestra Comunidad.
Yo soy German graciano Yo soy Comunidad de paz,
porque todos somos comunidad, alzamos nuestra voz para decirle a los jueces
allí, las victimas no tenemos por qué ser judicializadas como si fuéramos el
victimario. Seguiremos denunciando a quienes nos quieren acallar, a quienes
agreden y asesinan al campesino, a quienes nos roban los jóvenes para la
guerra, a quienes nos despojan de nuestras tierras, a quienes cada día acaban
con la serranía deforestando y contaminando los yacimientos de agua, a quienes
imparten justicia solo para beneficiar a los que desplazan y nos despojan del
territorio.
El 04 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos comunicó al Estado colombiano, referirse a la orden de arresto
contra German Graciano. El Relator Michel Forst Relator Especial sobre la situación de las y
los defensores de derechos humanos, manifestó en su cuenta de Twitter: “Estoy sumamente preocupado por
el posible arresto de Germán Graciano, Representante legal de @cdpsanjose. Estuve en esta comunidad hace unos pocos
días, durante mi visita oficial a #Colombia. Estaré dando seguimiento a esta situación”.
José Miguel Vivanco,
director de la División de las Américas de Human Rights Watch, también
manifestó es “Inadmisible intento de encarcelar al líder de
la comunidad de paz de San José de Apartadó, German Graciano. Las sanciones
penales nunca deben ser utilizadas para reprimir denuncias de interés público.
Espero que la @CConstitucional revise este
caso”.
El mismo 06 de diciembre de 2018, voces
de solidaridad de todas las regiones del país y de todo el mundo
–Ayuntamientos, diputados, congresistas, organizaciones sociales, redes-, le
pidieron a la Corte Constitucional que revisara ese fallo de Tutela, que no
solo va en contra de nuestra Comunidad de Paz en un rincón del Urabá, sino
también de todas esas personas y comunidades indígenas, afros, campesinas y
organizaciones sociales en el país que defienden los derechos humanos, por ser
injusto y contrario a la ley. Pero este alto tribunal no tuvo en cuenta ninguna
solicitud.
El 07 de diciembre 2818 a las 10:37 de la
mañana, vía correo electrónico llegó una notificación, en trámite de consulta,
emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, del Proceso de Incidente de
Desacato, promovido por el Comandante de la Décimo Séptima Brigada, Carlos
Alberto Padilla Cepeda, por considerar que la Comunidad –incumplió- el fallo de
Tutela proferido por la Juez Segundo Promiscuo Municipal Apartado (Antioquia), María
Mariela Gómez Carvajal, cuya decisión declara la nulidad de todo lo actuado.
En este, el
despacho advierte “falencias que conducen
a declarar la nulidad del trámite por violación al debido proceso, toda vez que
la imposición de las sanciones obedece a la atención de claros principios
constitucionales, como lo son la necesidad, la adecuación, la razonabilidad y
la proporcionalidad”. Manifiesta el mismo despacho que Incidente de
desacato que está en Consulta existe un “desconocimiento de estos principios”,
y lo resume así:
“La sanción por desacato que se impuso al
señor GERMAN GRACIANO POSSO, en calidad de Representante Legal de la Comunidad
de Paz de San José de Apartado, se hizo sin tener en cuenta que por Resolución
del 26 de Junio de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitero
al Estado que se mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma
inmediata las que sean necesarias para proteger
eficazmente la vida integridad personal de todos los miembros de la Comunidad
de Paz de San José de Apartado entre ellos del señor GERMAN GRACIANO POSSO”.
Mientras todo esto
ocurre, nuestra comunidad, los campesinos de la región siguen viviendo la
agresión paramilitar, que sigue sometiendo la población, cobrando vacunas por
los animales que se tengan, por el cacao que se produzca, que vendan y compren,
por la madera que se saque, cada rastra de madera la cobran a dos mil pesos y
si no, no sale.
Nuestra Comunidad de Paz nació hace 21 años y 9
meses. Casi mil campesinos de las veredas de San José decidimos oponernos a que
nos involucraran en la guerra a la fuerza y que nos acusaran de estar de un
lado o de otro de la guerra para tener razones para matarnos. Por eso nuestro
primer acuerdo común fue no participar en la guerra de ningún lado ni colaborar
con los armados de ninguna manera. Pero al formar la Comunidad de Paz también
decidimos que no íbamos a ser tolerantes con la injusticia ni con la impunidad.
Por eso desde el principio aprendimos a no callar, a denunciar todas las
violaciones a nuestros derechos.
Después de más de 8 años, en los que confiamos en
que las entidades de justicia cumplirían
su misionalidad, para lo que fueron creadas, y garantizarían nuestros derechos,
los derechos del campesinado en el país. Pero no fue así, nos asesinaron muchos
de nuestros líderes y amigos, nos siguen amenazando. Eso nos llevó a hacer una ruptura con la
justicia porque nuestra conciencia no nos permitía seguir colaborando con algo
que estaba muy lejos de servir para hacer justicia y que más bien servía para
matar o perseguir a las víctimas. La misma Constitución colombiana afirma que
nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia (Artículo 18) y nosotros
fuimos claros: nuestra conciencia no nos permitía colaborar con algo que
durante ocho años experimentamos como corrompido, pues los mismos testimonios
que rendíamos los utilizaban de manera sucia.
Cuando rompimos con la justicia, descubrimos que
la Constitución obliga al Presidente de la República a garantizar los derechos
de todos los ciudadanos (Artículo 188). Por eso acudimos a los derechos de petición
al Presidente, contándole todo lo que íbamos sufriendo como atropellos de las
mismas instituciones del Estado y pidiéndole que tomara medidas para
protegernos, pero tampoco los Presidentes nos escucharon y más bien les
mandaban nuestras peticiones a las mismas instituciones que violaban nuestros
derechos.
También acudimos a tribunales internacionales y
llevamos allí todas nuestras denuncias, pero esos tribunales son muy lentos y
todavía no han tomado decisiones sobre nuestro caso. Ante todo esto, decidimos comunicarnos de manera
permanente con la sociedad y con la comunidad internacional para enterarlas de
lo que nos ha estado pasando. Hemos encontrado muchas comunidades en Colombia y
en otros países que se solidarizan con nosotros, escriben al gobierno, nos dan
apoyo y fuerza moral para defender nuestros derechos.
Como pueden ver, el único camino que nos quedó
para no dejarnos destruir y exterminar por un Estado que siempre nos ha atacado
y que tolera y apoya pasivamente a los grupos fuera de la ley que impulsan la
violencia en nuestro territorio y violan todos nuestros derechos, ha sido no
callarnos y mantener enterada a nuestra sociedad y al mundo de lo que nos pasa.
Todos los tratados internacionales de derechos
humanos defienden el derecho a la libertad de expresión y mucho más cuando es
nuestra expresión como víctimas y víctimas a las cuales les han cerrado todos
los demás caminos para denunciar y protestar. No nos podemos dejar exterminar
en silencio. Que al menos el mundo se entere cómo nos van destruyendo progresivamente
con muchas formas de violencia. Contamos con la solidaridad de quienes tienen
principios éticos y sentimientos de humanidad.
Agradecemos a las miles de voces de solidaridad
del país y del mundo que siempre han creído en nuestro proceso de vida, que sienten
nuestra resistencia como suya, pues al igual que nosotros la defienden desde
sus lugares de residencia, les agradecerles desde nuestro corazones por toda la
presión que han hecho en estos últimos
días al estado colombiano, para intentar quitar la tutela en contra de nuestro
representante German Graciano, la orden de arresto y tumbar la sentencia en
contra no solo de German Graciano sino también en contra de nuestra comunidad
de paz.
Comunidad de paz de
San José de Apartadó
Diciembre 09 de 2018
