Con licencia abierta y blindada para matar
De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de
Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar
constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de
los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.
El control paramilitar que siempre nuestra
Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza,
abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar
y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de
la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el
mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.
Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en
evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San
José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un
tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria
de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los
infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente,
NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la
más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado
hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son
mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar
de venderle al país y al mundo una realidad falsa.
Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores
de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan
a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos
de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no
lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras,
de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a
los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad,
pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes
sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que
quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el
gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado
para “lamentar los hechos y prometer que
las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”,
pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un
mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.
Durante todo el año 2018 dejamos constancia de
todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al
paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue
inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus
“primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a
nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer,
consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios
de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra
e incursiones armadas con fines aterradores.
Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy
son los siguientes:
* Por información de pobladores de la zona, se
supo que durante la fiesta de fin de
año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de
paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en
lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se
encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo
hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y
un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas
y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que
fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran
concentración paramilitar.
* El jueves
10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas,
al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se
quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra
Comunidad de Paz.
* El sábado
12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron
al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron
algunas horas.
* El miércoles
16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER
ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San
José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano
y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos
Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue
exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron
asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares,
pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos
selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus
intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de
la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya
durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su
estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el
gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz
ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta
absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para
que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus
anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la
Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser
acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y
porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con
todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.
* El
jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de
una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los
cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre
los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra
Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al
Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los
miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya
se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado,
pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no
ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José
de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los
mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas
de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas
perversas.
La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto
amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero
razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato
judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado
y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe
inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con
ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos
seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y
limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.
Es un hecho de completa evidencia que nuestro
territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí,
lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es
controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino
a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir
que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible
que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía
con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus
anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida,
y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen,
circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega
fingiendo que es sordo y ciego?
Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos
las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su
apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia,
en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo
peor.
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó
Enero 18 de 2019