Fin de año bajo controles, mordazas y resistencia
Nuestra Comunidad de Paz de San
José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar nuevas constancias ante el país
y el mundo sobre las formas de violencia, agresión y violación de los derechos
humanos fundamentales que el Estado colombiano, a través de sus agentes
directos e indirectos, aliados en la estrategia paramilitar, continúa
perpetrando contra nuestra Comunidad.
Las últimas semanas de 2018 se
caracterizaron por una arremetida intensa del paramilitarismo, con todo el
apoyo pasivo y activo de las instituciones, para controlar a la población
campesina de la zona: se está produciendo un sometimiento económico asfixiante
del campesinado, ahorcándolo con vacunas o impuestos ilegales sobre los
principales campos de su producción y trabajo de sobrevivencia: la tierra, el
ganado, la madera. Simultáneamente las unidades veredales son copadas por
“puntos” del paramilitarismo, quienes ejercen como espías y se afirman como
“autoridades” ilegítimas que se creen con poder de dictar normas y mantener
bajo chantaje a todos los pobladores. No han faltado intentos de soborno a los
mismos integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ofreciéndoles sumas atractivas
de dinero para que se conviertan en informantes internos sin necesidad de
retirarse de la Comunidad, aportando informaciones que consideran cada vez más
urgentes para llevar a cabo las amenazas de muerte contra nuestros líderes e
integrantes, amenazas que durante todo el año 2018 fueron recurrentes y que se
presentaron con un cierto carácter de retaliación por no haber podido llevar a
cabo los crímenes planeados para el 29 de diciembre de 2017.
Los hechos de los cuales
queremos dejar constancia son los siguientes:
·
La
Policía acantonada en el caserío de San José ha cometido verdaderos delitos
contra pobladores: a mediados de noviembre le robó un cerdo al poblador José Policarpo
Cataño, hijo del fundador de San José, y a pesar de que el animal fue
plenamente reconocido por su dueño ante un delegado de la Defensoría del Pueblo
el 15 de noviembre, no se lo devolvieron a su dueño.
·
El
20 de noviembre de 2018,
cuando la familia Cataño quiso cortar una madera de la finca de su propiedad,
el comandante de la Subestación de la Policía, Teniente GABRIEL RAMOS MARÍN,
ingresó a la finca y le exigió al aserrador, Señor Gabriel López, que le pagara
dos millones de pesos para permitirle cortar la madera, a lo cual el aserrador
y la familia propietaria se opusieron rotundamente, condenando enérgicamente
tan extrema corrupción de agentes del Estado. Todo muestra que la prohibición
de cortar dicha madera obedecía a una retaliación contra la familia Cataño por
haber denunciado ante la Defensoría el robo del marrano por la Policía la
semana anterior, pues a las demás familias que han cortado madera no les ha
hecho la misma corrupta exigencia.
·
A
comienzos de diciembre, el paramilitar alias “MAJUTE” visitó a un miembro de
nuestra Comunidad de Paz y le ofreció la suma de 900.000 pesos para que se convirtiera en informante de los
paramilitares sin necesidad de retirarse de la Comunidad.
·
En diciembre de 2018 los paramilitares le
notificaron a los pobladores de la vereda La Esperanza que deben pagarles una
vacuna (impuesto ilegal) de 10.000 pesos mensuales por cada cabeza de ganado
que posean; otra de 10.000 pesos mensuales por cada hectárea de tierra que
posean y otra de 3.000 pesos por cada rastra de madera que comercialicen.
·
El 24 de diciembre de 2018, en La vereda La Cristalina los
paramilitares le exigieron a un campesino entregarles una vaca y ordenaron
repartir su carne a la gente de la vereda. En los mismos días de Navidad, los
paramilitares repartieron regalos a los niños en las veredas del departamento
de Córdoba, particularmente del municipio de Tierralta, como estrategia
para ganarse la confianza de los
pobladores.
·
En
el caserío de San José, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los
paramilitares prohibieron la venta de carne a los expendedores
y les revisaron sus enfriadores para asegurar el acatamiento a dicha
prohibición. Luego exigieron vacunas por cada res sacrificada, al tiempo que les
exigieron sumas más altas a los comerciantes del caserío.
·
En
la semana de la Navidad y en la del Año Nuevo llegaron reconocidos
paramilitares al caserío de La Unión, entre ellos alias “RAMIRO” y alias “SAMUEL”,
quienes han actuado como “puntos de información” o espías del paramilitarismo
en la vereda La Unión. También se vio llegar a alias “DAVIS” junto con otros ex
guerrilleros que han pasado a las filas del paramilitarismo, como ELÍAS HIDALGO,
quien trabajó con la Brigada XVII, y alias “RENÉ” quien coordina un grupo de
jóvenes para distribuir droga en articulación con los paramilitares, tanto en
San José como en La Cristalina.
·
El
consumo de alcohol sigue produciendo tragedias en San José; en la noche de despedida
del año 2018 un poblador ebrio agredió con machete a su hijastro dejándole casi
completamente cercenado uno de sus brazos.
·
Durante
las últimas semanas de 2018 los paramilitares hicieron circular la amenaza de actuar contra la Comunidad de Paz en el
asentamiento de San Josesito el 31 de diciembre. Pretendían mantener a los integrantes
de nuestra Comunidad en gran zozobra.
·
La
pasividad o tolerancia de la fuerza pública, del poder judicial y demás
instituciones del Estado frente al avance y control progresivo y extorsivo del
paramilitarismo en toda la región es algo indignante que hace comprobar cada vez más la ilegitimidad del Estado
colombiano, y todo esta complicidad se da en un caserío donde existe un puesto
de policía y una base militar que se hacen ciegos y sordos frente a todo lo que
sucede a su alrededor, algo que sólo puede ser interpretado como unidad de
acción con el paramilitarismo. Frente a todo esto, la Juez Segunda Promiscua
Municipal de Apartadó, MARÍA MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, insiste en hacerle caso a
la ilegal tutela de la Brigada XVII contra nuestra Comunidad de Paz, la cual
pretende amordazarnos para que nos callemos sobre todas las ignominias que el
Estado comete contra nosotros y que las ha cometido durante 22 años cobijándose
todas las instituciones con la más desvergonzada e inicua impunidad.
Nuevamente agradecemos a tantas
personas, comunidades e instituciones del país y del mundo quienes se han
mostrado solidarias con nuestra causa desde principios éticos insobornables y
resistiendo a todos los intentos de amordazamiento de la Brigada XVII y de su
cooptada Juez Promiscua municipal.
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó
Enero 4 de 2019
