El Paramilitarismo busca servirse de las juntas comunales e implantar el Memoricidio
Nuestra Comunidad de Paz de San
José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al
mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que
ha sido víctima en los últimos meses.
Al igual que los gobiernos
anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos
caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido
voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado
de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de
crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha
sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e
internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos
libres.
El paramilitarismo en Urabá
pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día
sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso
negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no
existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros
políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en
el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje,
pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar
sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población
campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones
democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que
son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse
a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de
las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.
Dentro de esta nueva
estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO,
o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo
ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los
lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de
sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas
comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes
perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a
esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.
Los hechos que queremos poner
en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:
En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las
FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el
Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la
vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien
persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas
viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso,
consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían
comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora
ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.
El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una
tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues
los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos
llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó
el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era
un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un
espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la
tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él
como colegas.
En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al
centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por
paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y
drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía
droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de
facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.
El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las
FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el
Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de
comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de
la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud
de espionaje.
En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz
recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las
FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar,
se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento
de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de
dicha zona.
El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la
Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío
de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto
manuscrito en el cual se incitaba a “dar
muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia
con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo
ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad
de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los
actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la
dignidad humana.
El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción
comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La
Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los
pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada
hectárea de tierra que posean.
En el mes de diciembre de 2019 se han
intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona,
impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de
destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados
de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido
construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y
los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la
junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con
destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese
mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las
presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha
querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde
la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en
el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de
10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece
construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no
en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una
política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y
de los crímenes de Estado.
En otros países, el
negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de
posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección
y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la
continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado
ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de
acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo
social del país y matando a los combatientes desmovilizados.
Otra labor destacada de las
juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas
en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya
están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por
el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San
José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para
ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es
profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas
insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo
económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables,
explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.
Una vez más agradecemos a las
numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo
mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo
menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que
va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los
sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin
de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los
vivientes.
Comunidad de
Paz de San José de Apartadó
Diciembre 26
de 2019