Una vez destruidos los cuerpos y los tejidos sociales hay que destruir la memoria de las víctimas
Nuestra Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, luego de haber conmemorado los 15 años de la horrenda masacre del 21
de febrero de 2005, acto de memoria en el cual nos acompañaron varias
representaciones diplomáticas de Europa y Naciones Unidas y grupos solidarios
de Colombia, y de haber sentido nuevamente el ambiente viciado que se respira
en el largo y tortuoso camino hacia las veredas de Mulatos y La Resbalosa,
queremos compartir con el país y el mundo las preocupaciones que nos asedian.
En primer lugar, revivir el dolor de aquella
barbarie, como lo hacemos cada año, en lugar de acercarnos cada vez más hacia
el olvido, tiene más bien el efecto contrario. Quince años después, cuando la
menor intensidad de las lágrimas enturbia menos la visión y permite percibir
con mayor nitidez las estructuras actoras del crimen, el sufrimiento se
acrecienta al comprobar que continuamos bajo los mismos poderes perversos que
en ese momento perpetraron tantos horrores. En estos años ha habido ciertamente
victimarios de bajo rango arrepentidos, que han entregado confesiones
escalofriantes a los órganos de la justicia transicional, pero esas mismas
confesiones y la manera como esos organismos de supuesta “justicia” han
recibido sus relatos, nos dejan aún más angustiados. A través de esos relatos
queda claro que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su entorno de
jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales, que actuaban y siguen
actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra
naciente Comunidad de Paz era una “guarida
de guerrilleros”, y con esa convicción, apoyada en falsos y perversos
testimonios, encendieron los ánimos de pistoleros fanatizados, sedientos de sangre
y de dinero fácil, para destruir una comunidad de campesinos empobrecidos y
enemigos de toda violencia que rehusábamos ponernos al servicio de un Estado
corrupto, violento y criminal, que consolidaba cada vez más su carácter
elitista, excluyente y opresor.
En los 23 años transcurridos desde nuestra
primera Declaración pública como Comunidad de Paz, el Estado y sus pistoleros
legales e ilegales, abierta o clandestinamente fusionados, han perpetrado 1500
crímenes de lesa humanidad cuya relación detallada reposa en tribunales
internacionales. Y quizás lo más aterrador es la ausencia total de justicia, pues
la impunidad absoluta cubre con desvergüenza todos los horrores sufridos. El
único crimen que se aventuró por los túneles del aparato judicial colombiano,
fue justamente el de la masacre del 21 de febrero de 2005, y ello por el
trabajo de abogados y partes civiles solidarias, pues ya desde antes, para
nuestra Comunidad, la justicia colombiana no gozaba de la más mínima
credibilidad, por lo cual no participamos como Parte Civil. Pero ese expediente
se convirtió en el monumento más evidente y vergonzoso de la impunidad. Tanto
la primera como la segunda instancia concluyeron absolviendo a los criminales dentro
de un total irrespeto y burla a toda norma procesal. Llevado finalmente a demanda
de casación ante la Corte Suprema de Justicia, gracias a un trabajo de juristas
honestos e ilustrados, 10 de los victimarios fueron condenados a más de tres
décadas de prisión cada uno, pero en ese momento la Jurisdicción Especial para
la Paz, fruto del degradado y envilecido “Acuerdo de Paz”, les tendió la mano
para colmarlos de privilegios, en violación flagrante de la misma Ley
Estatutaria de la JEP. Así las instituciones judiciales exhibieron, en este
caso, su más alto nivel de podredumbre.
Este 15° aniversario de una de las masacres más
horrendas que han tratado de aniquilarnos como Comunidad de Paz, ha estado
contextuado por una campaña de MEMORICIDIO. Desde hace más de un año, la
perversa articulación entre gobierno nacional y local, fuerza pública,
paramilitarismo y juntas de acción comunal, ha orquestado varias campañas para
bloquear los santuarios de la memoria que nuestra Comunidad de Paz ha ido
construyendo. Siempre se alega, como pretexto, que el gobierno les ha ofrecido
algún proyecto y que no lo pueden despreciar, aunque para realizarlo sea
necesario destruir los santuarios de la memoria de las víctimas.
En la ALDEA LUIS EDUARDO GUERRA de la vereda
Mulatos Medio, la campaña para que nuestra Comunidad abandone ese lugar, donde
fue sacrificado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y miembros de su
familia el 21 de febrero de 2005, lleva ya varios años. Han recurrido incluso a
la amenaza armada y en un momento dado nos quisieron hacer creer que la orden
de desalojo venía de la Mesa de Negociaciones de las FARC en La Habana, hasta
que las mismas FARC desmintieron la versión y sancionaron al supuesto
guerrillero que citaba a “negociar” con armas en mano. Luego la Junta de Acción
Comunal tomó el relevo de la amenaza, alegando condiciones de la Alcaldía de
Apartadó para la donación de una escuela. Actualmente, pasando por encima de
todas nuestras denuncias y protestas, han descargado numerosos bultos de arena
y de cemento para construir a las malas unas supuestas aulas escolares, en el
lugar menos indicado para una institución educativa. Lo importante para ellos
es borrar la memoria de nuestras víctimas y lo quieren hacer pisoteando los
principios de la Comunidad: han pretendido implantar allí ventas de licor,
juegos de azar, competencias y peleas de gallos, es decir, diversiones que
embrutecen y arrasan con los valores de sana convivencia.
Algo similar ha ocurrido en la vereda La Unión,
donde el 8 de junio de 2000 el ejército con sus paramilitares ejecutó a 6 de
nuestros líderes de la manera más cruel. En el mismo sitio donde quedaron sus
cuerpos ensangrentados, nuestra Comunidad construyó un memorial físico lleno de
simbolismos. Ahora la Junta de Acción Comunal amenaza con destruir el
monumento, alegando que la Alcaldía les ha prometido construirles una placa
polideportiva en el mismo sitio, lo que para ellos es prioritario, expresando
al tiempo el desprecio absoluto por la memoria de los mártires.
Lo que más nos duele en todas estas
controversias es que nuestra sociedad civil ha ido perdiendo o perdió ya del
todo sus valores éticos. La memoria de las víctimas ya no tiene carácter
sagrado. Lo que tiene carácter sagrado son las migajas de ayudas financieras
que el Estado nacional o local les ofrece; o quizás lo más sagrado sea la
relación politiquera con los poderes de turno; o quizás lo más sagrado sea el
deporte que educa en la competitividad, que es el alma de las sociedades
neoliberales insensibles a los problemas sociales pues sacralizan el triunfo
egoísta de uno sobre los demás; o quizás lo más sagrado seas los espacios donde
se cumplen los rituales de una educación que transmite valores elitistas y
antisociales y enseña a someterse con servilismo a lo que se presenta como las
últimas modas o tecnologías creadas por los modernos imperios.
Pero para poder pisotear los valores éticos,
las diversas autoridades y sus secuaces han tenido que volverle la espalda a
las mismas normas legales que el Estado ha redactado y promulgado, quizás bajo
la presión de los organismos humanitarios internacionales. En efecto, en el
Decreto 4800 de 2011 (decreto reglamentario de la Ley de Víctimas), el mismo
gobierno de entonces estableció normas muy claras en defensa de la MEMORIA
HISTÓRICA, que ahora violan los alcaldes, la fuerza pública, los paramilitares
y las juntas comunales en sus campañas de Memoricidio.
En su artículo 170, dicho decreto define la reparación
simbólica como “los actos o las obras
de repercusión pública dirigidos a la construcción o recuperación de la memoria
histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción
del tejido social”. Por ello ordena
que los órganos del Estado concierten con las víctimas el tipo de medidas y “el lugar en el cual se deben ejecutar”
(art. 171). Incluso en el artículo 184
se ordena al Comité creado para ello que debe “coordinar actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y
repudie las conductas que involucran graves violaciones a los derechos humanos
… y pedir perdón público a las víctimas (…) actos que deben realizarse
preferiblemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde
se encuentran las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el
lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración de sus
derechos” (art. 184, parágrafo 1)
El artículo 186 afirma, además: “La memoria histórica es
patrimonio público (…) El Centro de Memoria Histórica apoyará iniciativas
públicas y privadas que autónoma e independientemente aporten a su
reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición,
de reconciliación y de sostenibilidad del legado de los emprendimientos sociales
de las víctimas”. Por eso el
artículo siguiente (187) ordena: “las
autoridades públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria
histórica construidos en el marco de la Ley 1448/11 y cumplirán con su deber de
memoria histórica”.
Al referirse a los sujetos de reparación colectiva,
el mismo decreto en su artículo 223 los define como: “grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las
comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3
de la Ley 1448/11”. A ellos se refiere el artículo 225 al señalar como
objetivos del programa de reparación colectiva éstos: “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados.
Las acciones del programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación
con el reconocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños
en ellos producidos (…) a la reconstrucción del tejido social y cultural de los
sujetos colectivos (…) a la construcción de memoria histórica como aporte al
derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva”.
También en el
Decreto 303 de 2015, enfocado al problema de las desapariciones forzadas, el
artículo 53 establece que el Gobierno Nacional declare como SANTUARIO DE LA
MEMORIA “el lugar donde se presuma la
existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente,
incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte
imposible realizar exhumaciones”. En
esos sitios se erigirán monumentos en honor a los desaparecidos. Dicho decreto
establece además que: el Gobierno Nacional por medio de varias de sus
instituciones, los familiares de las víctimas y la comunidad, “definirán las características del monumento
que se erigirá en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares
declarados como Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la
dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el
deber de recordar”.
En el artículo 55 del
mismo Decreto se prohíbe “intervenir o
alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria, salvo en los casos en
que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de
cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las
sanciones previstas en la legislación penal vigente”.
Cualquiera percibe
que, si la sola sospecha de que en esa zona pueda estar sepultado el cuerpo de un
desaparecido lleva a una declaratoria del lugar como “Santuario de la Memoria”, con mucha mayor razón, según el espíritu
de esta ley, los lugares donde hay certeza de que allí fueron sacrificadas las
víctimas tienen que ser declarados SANTUARIOS DE LA MEMORIA y no podrán ser
alterados sino para dignificar más la memoria de las víctimas.
Este recuento de
normas que supuestamente están vigentes, nos muestra claramente el nivel de
ignorancia o voluntario desconocimiento y desacato que las mismas autoridades
tienen respecto a ellas. Esto no nos extraña, pues durante más de 10 años hemos
experimentado cómo la Corte Constitucional le ha dado órdenes perentorias al
Presidente, a los Ministros de Defensa, a los comandantes militares, exigiéndoles
que nos entreguen los nombres de quienes estaban en los lugares y fechas de los
crímenes más atroces y todos han desacatado esas órdenes, una y otra vez, de
manera contumaz, y sin embargo siguen afirmando que “este es un Estado de Derecho”. Lo que niegan rotundamente con sus
procedimientos.
Cuando nos desplazamos a la vereda Mulatos para
la conmemoración del 15° aniversario de la masacre, los paramilitares con sus
espías o “puntos” nos siguieron por todas partes. Pudimos comprobar una vez más
que la región sigue bajo control paramilitar estricto gracias a la tolerancia y
aquiescencia, activa y pasiva, de todas las instituciones del Estado. Sin
embargo, las autoridades siguen afirmando que “el paramilitarismo no existe”.
La hipocresía y capacidad de mentira de nuestro Estado no tiene límites. Así,
el pasado 28 de septiembre, cuando el
Comandante de la Brigada XVII, Coronel Carlos Padilla, presidió un supuesto
acto de desagravio, ordenado por un tribunal, dirigido a los familiares de las
víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005, no reconoció la enorme
criminalidad del ejército en ese crimen y en todos los demás centenares de crímenes
de su contexto, y afirmó: “Doy fe de que
el ejército continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las
condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano
nos demandan”. Una ceguera profunda
y un cinismo sin límites le impidió reconocer que nunca han garantizado
condiciones de libertad y democracia sino todos sus contrarios: han garantizado
genocidio, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, detenciones
arbitrarias y perversas, bombardeos, saqueos, incineración de viviendas y
cultivos, desplazamientos, asaltos a mano armada, robos, calumnias, campañas de
difamación y estigmatización etc. Por añadidura, calificó a las víctimas de tan
atroz terrorismo de Estado como “víctimas
del conflicto armado”, como olvidando que justamente las victimizaron por
definirse como absolutamente ajenas al conflicto armado.
En las últimas semanas se vienen divulgando
panfletos que pretenden ocultar o negar de antemano la responsabilidad de los
paramilitares en los crímenes anunciados. Se dice que el ELN ha llegado a la
zona, lo cual no es muy creíble, y que otras disidencias de las guerrillas se
están enfrentando en la zona. Incluso en la noche del 18 de febrero hubo
disparos en el caserío de San José bajo el pretexto de ahuyentar a alguna
unidad del ELN. Todo muestra que los paramilitares están buscando crear
fantasmas para atribuirles sus próximas acciones violentas y desviar la
atención de ellos mismos.
Nuestra Comunidad de Paz quiere expresar
nuevamente su gratitud a todas las personas, grupos y comunidades que desde
muchos rincones de Colombia y de otros países nos apoyan con su fuerza moral y
que en estos días se han manifestado de manera muy especial, recordando la
masacre del 21 de febrero de 2005, conscientes de que para nuestra Comunidad es
una herida que nunca se sana. A ellas y ellos nuestros agradecimientos
sinceros.
Comunidad
de Paz de San José de Apartadó
Febrero
25 de 2020