La pandemia que realmente mata en Urabá
Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude
al país y al mundo para compartirle lo que sigue percibiendo y sufriendo en su
territorio y su entorno, que en nada se compadece con la dignidad humana ni con
los principios constitucionales y universales de derechos humanos.
La situación de pandemia que se vive a nivel mundial y que ha
producido medidas drásticas de aislamiento y de restricción extrema de
movilidad y de relaciones sociales, al amenazar con su presencia en una zona
como la nuestra, acostumbrada al dominio del paramilitarismo desde hace tantas
décadas, si bien no ha producido ningún muerto en Apartadó ni en los pueblos
vecinos y al parecer ningún contagiado, sí se ha convertido en una ocasión
adicional para que los paramilitares, que han gozado de todo el respaldo y la y
protección del Estado y de gran parte de la capa social dirigente, asuman un
poder más explícito, un autoritarismo más arrogante y un dominio y control
territorial más apabullante, ejerciendo de hecho la autoridad que le
correspondería a instituciones del Estado.
La pandemia parece entonces que convierte formalmente a los
paramilitares en “fuerza pública”, sin que las instituciones estatales muestren
preocupación alguna o intentos de investigación y sanción por esa usurpación.
En las veredas de San José de Apartadó los paramilitares dictan normas de
restricción de movilidad, de prohibición de ingreso a familiares o visitantes,
mientras ellos mismos se pasean por el territorio con armas cortas y largas, a
veces con uniformes camuflados y a veces en ropa civil, a plena luz del día y
organizan orgías, como quien sabe de antemano que ningún poder diferente al de
ellos mismos les podrá estorbar sus actuaciones.
El pasado 12 de marzo (2020) la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en la sentencia que
ordenó restituir las tierras de la finca La Niña, de la vereda California de
Turbo, a 11 familias despojadas, dejó al descubierto al mismo tiempo y ordenó
investigar penalmente por crímenes de lesa humanidad, a las empresas BANANERAS
DE UARABÁ y BANACOL, las cuales tramaron y ejecutaron durante años la
estrategia del despojo, valiéndose de las estructuras paramilitares financiadas
e impulsadas por ellas mismas. Esto revela la íntima relación del empresariado
bananero de Urabá con el crimen organizado. (Radicado: 05045 31 21 002 2014
00021 2).
Por otra parte, en una entrevista al diario El Espectador el pasado
20 de abril (2020), el Obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín,
manifestó, con pleno conocimiento de causa, ya que él ha prestado servicios de
mediación en el proceso de paz y en su implementación, que no percibe ninguna voluntad de parte del
Gobierno Nacional de controlar o reprimir las estructuras paramilitares,
particularmente las llamadas AGC o “Clan del Golfo” (según la denominación que
le da el Gobierno), a pesar de ser esta fuerza el principal agente de violencia
en la región.
A nuestra Comunidad de Paz no le queda fácil emitir evaluaciones
sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia para enfrentar la
proyección nacional de la Pandemia, pero sí percibe que la drasticidad de las
medidas ha favorecido de manera evidente e intensa la contención de la protesta
social que venía incrementándose fuertemente desde noviembre de 2019; el
ocultamiento de fenómenos como la fuerte baja de popularidad del Presidente
Duque y el creciente rechazo de su política nacional; el incumplimiento de los
Acuerdos de Paz; el asesinato sistemático e intensivo de líderes y lideresas
sociales y de desmovilizados de la guerra, así como el silenciamiento de las
gravísimas denuncias de fraude electoral, de corrupción a los más altos niveles
del Estado, de políticas mortíferas como el extractivismo y demás formas de
destrucción generalizada del medio ambiente, el desorbitado gasto militar y de
seguridad de altos funcionarios, los espionajes a una extensa gama de personas
y la injerencia de gobiernos criminales en la conducción de la política interna
y a la vez de injerencia de Colombia en las decisiones soberanas de otros
Estados, en violación de numerosos tratados internacionales. Los medios masivos
de comunicación han contribuido intensamente a estas desviaciones y
ocultamientos, silenciando todos estos gravísimos problemas bajo el terror del
contagio de un virus biológico, sin que les importe para nada el contagio de
virus que destruyen la ética y los parámetros más humanos de convivencia y de dignidad
colectiva.
En esta ocasión queremos dejar constancia pública de hechos que
revelan el avance del poderío paramilitar en nuestro territorio, como los
siguientes:
·
En la semana del 12 al 18 de abril de 2020, según testimonios de
pobladores del centro urbano de San José de Apartadó, varias personas, al menos
5, fueron reclutadas por paramilitares en el caserío, algunos menores y otros
mayores de edad, con el fin de conducirlos a la vereda Playa Larga, centro
tradicional de entrenamiento paramilitar.
·
El miércoles 15 de abril de 2020,
en horas de la tarde, llegaron tres encapuchados, entre ellos una mujer, a la casa
de un poblador de la vereda Las Nieves y le exigieron que les dieran hospedaje,
pero no se identificaron.
·
El sábado 18 de abril de 2020, en
horas de la mañana, pasaron dos paramilitares por la Aldea de Paz Luis Eduardo
Guerra, en la vereda Mulatos Medio, en trajes civiles con radios de comunicación
y armas cortas. En horas de la tarde, ese mismo día, subieron por allí mismo
tres paramilitares en trajes civiles con armas largas.
·
El sábado 18 de abril de 2020, un poblador fue detenido en un
retén de la policía al llegar a la urbanización Las Colinas, en la salida de
Apartadó, cuando trataba de realizar gestiones de su oficio. Los policías quisieron
impedir su paso, pero ante sus incapacidades le permitieron pasar. Cerca de 300
metros más adelante fue detenido en otro retén, éste paramilitar controlado por
personas en traje civil, donde cobraban impuestos por pasar, y al explicarles
que la policía le había permitido el paso, ellos dijeron que para ellos no
tenía ningún valor la decisión de la policía y él tuvo que pagarles un impuesto
para que lo dejaran pasar. De esta misma forma, desde hace varias semanas los
paramilitares han estado controlando con retenes e impuestos el ingreso a la
vereda Salsipuedes, de San José de Apartadó. Esto muestra en detalle cómo la
pandemia está siendo instrumentalizada por el paramilitarismo.
·
El domingo 19 de abril de 2020, sin respetar las normas nacionales de aislamiento a causa del
COVID-19, varios líderes paramilitares estuvieron consumiendo licor con música
a altos volúmenes toda la noche del domingo 19 al lunes 20, en el asentamiento
de La Unión y el lunes se trasladaron a una finca vecina para continuar la
orgía. Como la junta comunal había prohibido el consumo, de licor en este
período de aislamiento, fijando sanciones de 600.000 pesos a quien abriera la
cantina, cuando un miembro de la junta le fue a cobrar la sanción al dueño de
la cantina, éste le comentó que él se había opuesto a abrirla, pero los líderes
paramilitares alias “Chuchito”, alias “Ramiro” y alias “Pollo”, le dijeron que
ellos eran la autoridad allí y lo obligaron a abrir y a suministrarles el licor.
·
El lunes 20 de abril de 2020,
hacia las 23:00 horas tres paramilitares encapuchados pasaron por la cancha del
caserío de La Unión. Ese mismo día, durante el día, había pasado por allí mismo,
junto con tres hombres, el “punto” o espía paramilitar de la vereda El
Porvenir, conocido como “El Cochero”.
·
El jueves 23 de abril de 2020, llegaron
informaciones a la Comunidad de Paz, según las cuales el paramilitar conocido
como alias “El Burro”, había subido al paraje conocido como Chontalito esa
misma semana, para encontrarse con el paramilitar alias “Pablo”, con el fin de coordinar
estrategias de control de la zona de la vereda Mulatos y zonas aledañas,
aprovechando la situación de Cuarentena que se ha impuesto a toda la población
nacional.
·
El sábado 25 de abril de 2020,
siete paramilitares portando armas largas y en trajes civiles fueron vistos
mientras se desplazaban de la vereda La Cristalina hacia el casco urbano de San
José de Apartadó.
·
El lunes 4 de mayo de 2020, hacia las 19:00 horas, en el centro
urbano de San José se escucharon varios disparos. Un grupo de policía
contraguerrilla que se encontraba en el búnker de la Policía, bajó y supuestamente
logró incautar varias armas de fuego, dejando libres a los portadores de las
mismas que son paramilitares. Después del incidente, algunos policías
sugirieron organizar un partido de fútbol entre policías y civiles, algo
abiertamente violatorio de las normas de la cuarentena; se les oyó decir que
por ellos no habría problema, pero preguntaban qué opinarían “los manes del radio”, o sea la
estructura paramilitar. Nueva evidencia de coordinación y connivencia entre
ambas estructuras.
·
El martes 12 de mayo de 2020, en horas de la tarde, en el
sector conocido como Caño Seco, de la vereda Alto Bonito de San José de
Apartadó, fue asesinado el joven de 19 años RAFAEL ANTONIO GUERRA LÓPEZ. Al
igual que en los otros cuatro casos anteriores (2019-2020), se percibe, como
causa de la ejecución, alguna desobediencia a órdenes de sus victimarios
paramilitares. El mismo silencio que se está imponiendo en el poblado,
evidencia el control absoluto del paramilitarismo en el corregimiento. Al
parecer, en este caso, los paramilitares prohibieron incluso todo ritual funerario.
Ninguna autoridad judicial ni administrativa hizo presencia o realizó
diligencia alguna sobre el caso.
Todas las
evidencias de control paramilitar en la zona, a partir de la desmovilización de
las FARC-EP que siguió al formal Acuerdo de Paz de 2016, han sido puestas en
conocimiento de la Presidencia de la República mediante Derechos de Petición,
acompañadas de análisis que demuestran la complicidad de las instituciones
oficiales con sus acciones y estrategias. Sin embargo, según las respuestas
recibidas, el Presidente Duque repite los gestos de complicidad de sus
predecesores, limitándose a remitir las informaciones a las jerarquías castrenses,
evadiendo sus obligaciones constitucionales de ejercer como Garante de los
Derechos Fundamentales.
Nuevamente
agradecemos a todas las personas y comunidades de diversos países del mundo su
constante solidaridad con nuestra Comunidad de Paz y a la vez nos solidarizamos
con muchos de ellos ahora sometidos o drásticos aislamientos y restricciones y
a la pérdida de algunos de sus seres queridos. Que sientan todas ellas y ellos
nuestra cercanía y compañía moral.
Comunidad de Paz de San
José de Apartadó
Mayo 14 de 2020