Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.
Muchas son las voces en el mundo que se han estado pronunciando en contra del Gobierno Colombiano por su incapacidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos, pues la multiplicación de asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC y violaciones a menores de edad por la fuerza pública y el paramilitarismo ha llegado a lo más alto del cinismo. El pasado 6 de julio de 2020, 94 congresistas de los Estados Unidos, en una carta al Presidente Trump a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, le pidieron que presione al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que proteja a los líderes sociales y a comunidades vulnerables como nuestra Comunidad de Paz, para la cual exigen respeto a sus mecanismos de autoprotección y que se nos permita el acompañamiento internacional incluso durante la pandemia.
El texto de la Carta es el siguiente:
“En la medida en que la pandemia del
coronavirus expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los
países que arrasa, nos preocupa especialmente su impacto sobre la seguridad de
los valientes defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en
Colombia, quienes están arriesgando sus vidas para construir una paz duradera.
Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la
Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los
históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de
los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante
la cuarentena de la COVID-19.
Actualmente, Colombia es el país más peligroso del
mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los
derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz,
siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que
Colombia no puede permitirse.
La lentitud del Gobierno colombiano en la
implementación del Acuerdo de Paz, el fracaso en llevar las instituciones
civiles del estado a las zonas de conflicto y su persistente incapacidad para
prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que
esta tragedia se desate sin control. Esto parece haberse agudizado, ya que los
grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no
responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los
derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución.
Por ejemplo, el 19 de marzo, tres hombres armados se
presentaron en una reunión en la que campesinos discutían acuerdos voluntarios
de erradicación de coca, y asesinaron al líder comunitario Marco Rivadeneira.
Él promovía la
paz e iniciativas de sustitución de coca en su comunidad, representaba a su
región en la mesa de garantías para la protección de los defensores de derechos
humanos y era miembro de la plataforma de derechos humanos nacional
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Las comunidades afrocolombianas,
indígenas y de campesinos pobres, como
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen sufriendo y se tornan aún
más vulnerables por la presencia descontrolada de actores armados ilegales en
sus territorios.
Marco Rivadeneira fue uno de los 23 líderes sociales
asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas
de la cuarentena por la pandemia en Colombia. Según la ONG colombiana Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante los primeros seis
meses de 2020, fueron asesinados en Colombia 153 líderes y defensores sociales.
Para poner fin
a esta tragedia, le pedimos que inste a la Administración Duque a que:
• Mejore la protección de los defensores de los
derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación
eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes
ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas
investigaciones.
• Desarrolle una hoja de ruta de protección en
consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los
retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.
• Financie y aplique medidas de protección colectiva
con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y
por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas
colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e
indígenas. Se deben respetar los
mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y
otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los
acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.
• Desmantele las redes de los sucesores de los
paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte
de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los
líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar
periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada
por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para
desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes
sociales y los excombatientes.
• De manera eficaz, investigue, judicialice y presente
los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través
de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la
Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y
los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los
derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los
asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los
defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el
derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y
otros defensores.
• Responsabilice prontamente a los miembros de la
inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos,
que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de
130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los
derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos.
Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e
inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de
inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.
• Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que
incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional,
implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a
la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se
reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia,
reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.
Sr. Secretario, le instamos a que vele para que todas
las agencias de los Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para
condenar los cada vez más frecuentes asesinatos y para presionar a la
Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y
judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las
estructuras delictivas que los protegen.
Por último, le instamos a que continúe brindando la
valiosa cooperación de los Estados Unidos a Colombia, para implementar el
Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a
las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria
causada por la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos también debería
aprovechar las oportunidades que ofrecen el Acuerdo de Paz para llevar a cabo
la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en
colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida
legales y desmantelar las redes de tráfico”.
[La Carta
es firmada por 94 miembros del Parlamento de los Estados Unidos y encabezada
por los Congresistas James Mc Govern y Mark Pocan]
Como Comunidad de
Paz agradecemos de todo corazón a todas las personas y comunidades del país y
del mundo que nos han acompañado en este duro camino que lleva más de 23 años
de resistencia civil, los invitamos a seguir presionando con este tipo de
peticiones a este Gobierno ciego y sordo que poco le ha importado la vida de
quienes pensamos diferente en este país.
Comunidad
de Paz San José de Apartadó
Julio 20 de
2020
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