“Guerra” y “Paz” en el lenguaje paramilitar
De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de
Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo
sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo
que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna
autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los
hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.
Desde el pasado 14 de septiembre está activa una
campaña calumniosa, difamatoria y
ultrajante contra nuestra Comunidad de Paz, pues ese día comenzó a circular por
WhatsApp un panfleto titulado “No te queremos comunidad de Paz”,
que busca explícitamente colocar al campesinado de la zona en contra nuestra.
Según se deduce de uno de sus párrafos, el panfleto se origina en las Juntas de
Acción Comunal de las veredas Mulatos Medio y Mulatos Cabecera, pues el
redactor o redactores invitan a funcionarios del gobierno a visitar esas sus
veredas.
Aunque el panfleto haya sido redactado, según se
deduce del texto, por campesinos miembros de juntas comunales, el contenido no
deja ninguna duda de su origen paramilitar y militar. Hace ya varios años que
el ejército y otras instituciones estatales vienen cooptando a varias juntas
comunales para que se integren a la estrategia paramilitar de control de la
región. Esto se hizo muy explícito cuando nuestra Comunidad de Paz cumplió sus
20 años de existencia, en marzo de 2017: en esos días el comandante de la
Brigada 17 invitó a miembros ya cooptados de juntas comunales para que
calumniaran a nuestra comunidad ante las delegaciones internacionales que
pidieron una cita en la Brigada con ocasión del aniversario. Ante tan perversa actitud,
las delegaciones extranjeras se retiraron de la reunión ofendidas. Se descubrió
entonces con claridad que al desmovilizarse las FARC, los paramilitares querían
controlar la totalidad del territorio, como de hecho lo han logrado, colocando
“puntos” de espionaje y control en cada vereda, con total anuencia de la fuerza
pública y demás instituciones del Estado.
Pero lo que más revela el origen paramilitar/militar
del panfleto es su contenido: tratan de presentar la situación de la región
como un remanso de paz, para lo cual tienen que ocultar la red de espionaje que
han montado para controlar toda la vida de los pobladores a través de “puntos” instalados
en cada vereda; tienen que hacerse los de la “vista gorda” sobre la circulación
permanente de armados en motos por la carretera entre San José y Apartadó;
sobre los impuestos ilegales que están cobrando; sobre las normas que les
imparten a los pobladores en las reuniones que convocan, prohibiéndoles usar
sus fincas para sus cultivos alimentarios e imponiéndoles modelos de
“desarrollo” o de “progreso” que a la larga los van arruinar y a desplazar;
tienen que esconder las amenazas permanentes a quienes no se someten a sus
planes, así como las listas de gente para matar y las muertes que ya llevan a
sus espaldas; tampoco mencionan allí los grupos de civiles con armas largas y
cortas que patrullan las veredas, muchas veces con uniformes de camuflaje, y
menos la convivencia permanente y amistosa entre los líderes paramilitares y
las unidades de fuerza pública en el caserío de San José. Esconden, además, la
llegada de empresas extranjeras extractivistas cuya labor arrasante del medio
ambiente la camuflan a través de ilegales consultas y de ilegales trazados de vías
financiadas y ejecutadas con dineros y maquinarias de los paramilitares. Tal es
el remanso de paz que dibujan, donde, según dicen, los desmovilizados viven en
absoluta tranquilidad.
Según el panfleto, el único grupo que rechaza esa
“paz” es nuestra Comunidad de Paz, la cual, según ellos, implanta un modelo de
“guerra”. Pero así como no se atreven a describir los componentes reales y
concretos de lo que ellos llaman “paz”, porque evidentemente de paz no tienen
nada, tampoco se atreven a describir nuestra “guerra”. El panfleto deja muy en
claro que lo que les molesta es que nuestra Comunidad no transija con el
paramilitarismo y no se calle ante los crímenes. Por eso es evidente que para
ellos optar por la “guerra” es no aceptar los crímenes, ni las manipulaciones,
ni los espionajes, ni los patrullajes ilegales, ni la imposición de modelos de
“desarrollo” o de “progreso” que arruinan la libertad, la dignidad y la
soberanía de las comunidades y la vida de la naturaleza. Para ellos, optar por
la guerra es denunciar lo que está destruyendo a los pobladores y el ambiente y
está hipotecando el territorio a intereses extranjeros destructivos. Tal es la
“guerra” que ellos nos endilgan: no callarnos ante todo esto. No se atreven a
confesar que nos han hecho seguimientos y espionajes y han llegado a concluir
que no tenemos ni un cuchillo para defendernos y que por lo tanto es fácil
asesinarnos. En cambio, ellos entraron armados el 29 de diciembre de 2017 a
nuestra propiedad privada San Josesito, con intención de asesinarnos y, gracias
a Dios y a nuestra comunidad que actúo rápidamente, se pudo evitar que nuestros
líderes fueran asesinados, pero nunca los hemos enfrentado con armas. Sin
embargo, en el panfleto, nosotros somos los que optamos por la “guerra” y ellos
por la “paz”.
Pero toda esta difamación y ataques ultrajantes y
perversos no son nuevos sino que hacen parte de una estrategia que lleva varias
décadas y que ha tenido como meta el exterminio de nuestra Comunidad de Paz. Primero
se propusieron nuestra eliminación física en una acción conjunta entre
militares y paramilitares, logrando asesinar a más de tres centenares de
nuestras compañeras y compañeros, incluyendo niños y ancianos, con derroche de
sevicia. Esa acción genocida estuvo acompañada, como elemento de justificación,
de una campaña de estigmatización criminal dirigida desde la Presidencia de la
República, pues agentes del paramilitarismo que hoy han confesado sus crímenes ante
las instituciones del Sistema Integral de Paz, han relatado cómo el ex Presidente
Álvaro Uribe Vélez, hoy sometido
a numerosos procesos penales por un aparato de justicia que vive
fluctuando entre innumerables mecanismos de impunidad que lo enredan, los
convenció de que nuestra Comunidad era una comunidad guerrillera, para que asesinaran
sin compasión a todos nuestros integrantes, pero ellos hoy no pueden ya
soportar el peso de sus remordimientos cuando comprenden que fueron forzados a
matar a tantos inocentes. Tal estigmatización ideológica fue apoyada por
perversas campañas mediáticas, como las de los diarios El Colombiano y El Mundo de Medellín y
periódicos y emisoras de Urabá, que difundieron mentiras, calumnias y entraron
en complicidad evidente con todos esos crímenes
horrendos, por los cuales no han pagado un solo día de cárcel, ni han dado
garantía alguna a los familiares de no repetición de sus crímenes.
En un trayecto de varios años, la alianza
militar/paramilitar se propuso además exterminar por hambre a nuestra Comunidad,
cortando todo suministro de alimentos, para lo cual no tuvieron empacho en asesinar
a varios conductores de chiveros, a todos los tenderos del caserío y a todos
los pequeños comerciantes de alimentos y bebidas instalados en la carretera
entre Apartadó y San José. Todo este afán de exterminio fue complementado con
la labor corrupta y criminal del aparato judicial, haciendo montajes de
increíble perversidad con falsos testigos, torturas, encarcelamientos
arbitrarios y violación de todas las normas procesales. Cuando nuestra
Comunidad acudió a las altas Cortes demostrándoles con precisión e
identificando actores, los delitos judiciales de fiscales, jueces, magistrados,
agentes criminalísticos, procuradores y defensores, las Cortes no se atrevieron
a actuar y mantienen hasta hoy en sus puestos a los corruptos y criminales operadores
de “justicia”.
Cuando ya nuestra Comunidad comprobó que no contaba
con el auxilio de la justicia, quedando privada de sus derechos
constitucionales y se acogió a una ética objeción de conciencia, se remitió
sólo a Cortes internacionales, pero simultáneamente
decidió mantener sus llamados a la conciencia solidaria de las franjas humanas
nacionales e internacionales que aún conservan principios éticos; por ello se ha
mantenido las CONSTANCIAS que relatan por las redes sociales las agresiones
concretas a que nos tienen sometidos. También este último recurso a la solidaridad
humana de los limpios, ha querido ser bloqueado: la Brigada 17 del ejército introdujo
una Acción de Tutela, el 28 de septiembre de 2018, para que se nos privara del derecho a la comunicación
y a la denuncia y le exigió a una Jueza Promiscua de Apartadó que nos obligara
a retirar de las redes sociales todos nuestras Constancias. Nos negamos a
acatar semejante villanía. La corrupta Jueza Segunda Promiscua de Apartadó se
dejó arrastrar por los militares para violar el derecho constitucional a la
comunicación, el que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales
constituye “la esencia de la democracia”. Hasta ahora la Corte Constitucional
mantiene en suspenso (y en un suspenso demasiado prolongado) tan absurdas
sentencias.
No extraña, pues, que los redactores del sucio
panfleto que mencionamos aquí, se quejen de que se ponga en cuestión su
comportamiento como algo perverso, pero al mismo tiempo le piden al gobierno
que los apoye en uno de los crímenes más graves: el de “acabar con nuestra comunidad” (crimen
tipificado en el Derecho Internacional como Genocidio, y también bajo las
modalidades de Crímenes de Exterminio y Persecución, ambos tipificados como
Crímenes de Lesa Humanidad).
Quieren, además, los panfletarios, que se les deje
circular por todos nuestros predios privados. Ya tuvimos la experiencia el 29
de diciembre de 2017 cuando incursionaron en San Josesito 5 paramilitares de
los que departen día y noche en el caserío de San José con la fuerza pública,
con el objetivo de asesinar a nuestro representante legal y a los miembros de
nuestro concejo interno: ¿Quieren que
les abramos todos los candados para que puedan seguir entrando a
asesinar? ¿No es acaso ese comportamiento el típico de las bandas criminales?
En todo el panfleto se está exigiendo que se llame
“paz” a la guerra de exterminio que ellos practican, y que se llame “guerra” a nuestros
afanes por no callar los crímenes, los ultrajes, agresiones y amenazas a que
constantemente nos someten y sobre todo a nuestras constancias históricas y censuras morales.
Apoyados en nuestras convicciones insobornables,
continuamos aquí con nuestras CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:
- El sábado 19 de
septiembre de 2020, en horas
del día, fue visto un grupo de
paramilitares con armas largas en el camino que conduce de la vereda las
Nieves hacia la vereda la Esperanza, de San José de Apartadó.
- El martes 29 de septiembre de 2020, en horas
del día, se percibió un tránsito intenso de hombres portando armas cortas,
en motocicletas, por la carretera que pasa al lado de nuestro asentamiento
de San Josesito. En horas de la tarde del mismo día, se vio cruzar por
allí al paramilitar conocido como ALFREDO. Al parecer, todos estos paramilitares estaban ese día coordinando la
repartición de panfletos que luego dos días después fueron encontrados en
toda la zona y en muchos municipios de Antioquia y el país .
- El miércoles 30 de
septiembre de 2020, en horas de la noche, llegaron informaciones
sobre un supuesto plan de exterminio que se estaría organizando en la zona
contra nuestra Comunidad de Paz, por parte de los paramilitares en asocio
con algunos pobladores de la zona. Se afirma que nuestra Comunidad “no
deja entrar el progreso a la región” y denuncia mucho la presencia
paramilitar en las veredas del corregimiento, lo cual les perjudica y les
impide ejercer el control con mayor fuerza sobre la población civil.
- El jueves 1º de octubre
de 2020, en horas de la mañana, fueron encontrados muchos
panfletos de los paramilitares impresos en papel y muchos grafitis en los árboles y casas, suscritos por las autodenominados AGC (Autodefensas
Gaitanistas de Colombia) que controlan esta región y muchas otras en el
país. Dichos panfletos, al parecer, no solo fueron difundidos en el
corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, sino también en otros
muchos municipios del país y sus corregimientos y veredas. En dicho
panfleto protestan por la brutalidad de la Policía Nacional contra las
manifestaciones populares de protesta y al mismo tiempo denuncian las
actividades de las guerrillas en la zona. No deja de ser desconcertante
que una estructura paramilitar cuya tolerancia por parte del Estado ha
sido total, como el mismo Obispo de Apartadó lo denunció hace unos meses,
al señalar que no se percibe ninguna voluntad del Estado en perseguirlos,
quiera ahora ganar respaldo de la población al denunciar a su mismo Estado
protector en un asunto que tiene tan enorme consenso nacional, como es el
rechazo a la brutalidad policial.
- El mismo jueves 1º de
octubre de 2020, en horas de la mañana, por nuestra Aldea de Paz
Luis Eduardo Guerra pasó una tropa de militares de la Brigada XVI del
ejercito, violando nuestra propiedad privada. Cerca de allí, según
informaciones, se encontraba un grupo de paramilitares portando fusiles y
vestidos de civil.
- El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas del día,
llegaron a nuestra Comunidad informaciones
según las cuales los paramilitares conocidos como “JESUSITO” y WILFER HIGUITA
eran los que habrían dejado los panfletos y los escritos en los árboles, en
los frentes de las casas y hasta en las piedras, en la vereda la Unión de
San José de Apartadó. Es sabido que WILFER HIGUITA siendo parte de los
paramilitares se integró en el 2009 a la Brigada XVII del ejército, prestando
sus servicios como paramilitar. El 17 de enero de 2009 se hizo de
mensajero del Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII,
para someter a un inmundo chantaje a un miembro de la Comunidad de Paz,
conminándolo a ayudarle a destruir la Comunidad de Paz o de lo contrario le
inventaría un proceso penal por narcotráfico o por rebelión, con falsos
testigos. El 16 de noviembre del mismo año 2009, el mismo Wilfer Higuita
hizo pública, en la vereda Caracolí de San José de Apartadó, una lista de
personas para asesinar, varias de las cuales fueron asesinadas en los días
siguientes, como Don Fabio Manco y Don Luis Arnelio Zapata. Según el
anuncio de Higuita, por cada muerte pagarían 7 millones de pesos. Durante
esos años fue visto patrullando con militares de la Brigada XVII, como
paramilitar.
- El miércoles 7 de octubre
de 2020, a las 7:00 a.m., un grupo de 4 militares de la Brigada
XVII del ejército ingresó sin autorización alguna a nuestros espacios
privados de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Más tarde, a las 11:00 a.
m., otros 3 militares violaron de nuevo nuestro predio, alegando que
estaban verificando unas
coordenadas y simulando que estaban extraviados en la zona. Hay que anotar
que el predio de la Aldea de Paz está suficientemente señalizado como
territorio privado y menos se comprende que funcionarios del mismo Estado
ignoren su inviolabilidad legal.
Es
claro que los paramilitares han buscado cómo destruir nuestro proceso de vida y
para ello utilizan diversos puntos de espionaje que están informando
permanentemente sobre las actividades de nuestra comunidad día a día. Ahora se
escucha que llega un supuesto nuevo comandante paramilitar a la zona el cual
reemplazará a alias “Pueblito” o “Pueblo”, asesinado por la fuerza pública.
Las empresas
mineras son las más interesadas en apoderarse de esta región, pues estos
últimos meses se han realizado muchas encuestas verbales ilegales para empezar
a explotar los minerales y todo esto llevado a cabo por los mismos
paramilitares que realizan el trabajo sucio del empresariado de Urabá y
desafortunadamente el campesino va cayendo en el juego de esas empresas,
sabiendo que ellas buscan sólo llenar sus arcas de divisas y desmantelar los
precarios recursos de los campesinos, quienes terminan entregando la tierra y
desplazándose, forzados por los que hoy defienden y apoyan ese despojo como “progreso y desarrollo” de la zona. Basta
mirar cómo han quedado las otras regiones del país donde estas empresas han
explotado los recursos, donde ahora sólo se vive en miseria, el desplazamiento,
con dolor y rabia por haber hecho caso a las promesas falsas que las empresas
habían propagado. Sabemos que existe un gran interés de las empresas mineras y
de las mismas instituciones del Estado por arrebatarle las tierras colectivas a
nuestra Comunidad de Paz y para lograrlo están utilizando el paramilitarismo y
cooptando a una gran parte de la población civil de la zona, como estrategia
para terminar con el estorbo que somos para ellos, que les impide robar los
recursos naturales acabando con esta hermosa zona. Ese tipo de “progreso de
muerte y de exterminio” nuestra Comunidad de Paz lo rechaza rotundamente.
Nuevamente
agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del
mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23
años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen
presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas
ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este
proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir
defendiendo nuestros principios.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Octubre 12 de 2020
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