Los alcances no imaginables ni sustentables de la mordaza
Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, apoyándonos en nuestras convicciones insobornables, recurrimos al
país y al mundo para compartirles lo que estamos viviendo y dejar constancias
de ello. Lo hacemos porque durante varias décadas nuestras denuncias y clamores
nunca han sido escuchados por las instituciones que tienen obligación de protegernos
y porque los principios más esenciales de una democracia incluyen el derecho a
la libre expresión y a la denuncia, como lo han declarado todos los órganos de
las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que han tenido
por misión definir los derechos fundamentales del ser humano.
En las últimas semanas hemos vivido y conocido lo
siguiente:
- El domingo 15 de
noviembre de 2020, en horas de la noche, según las informaciones a las que tuvimos
acceso, se presentó una contienda en un establecimiento público del centro
urbano de San José, protagonizada por paramilitares armados. Los policías
que realizaron allí un allanamiento dijeron que allí había “armas de fogueo o tramadoras”, pero
quienes estaban cerca reconocieron que eran armas de fuego utilizadas por
los paramilitares y además afirmaron que la policía les había devuelto las
armas a dos personas, conocidas como “DEINER” y “SEBASTIÁN”, reconocidos
paramilitares de Nuevo Antioquia, corregimiento del municipio de Turbo. En la contienda
resultó herido un campesino. Lo más preocupante es escuchar cómo se
incautan armas y muchas veces, como supuestamente en este caso, la policía
se las devuelve a sus dueños y éstos no son capturados sino dejados en
plena libertad, lo que reconfirma, una vez más, la cercanía y coordinación
entre paramilitares y fuerza pública. Según los mismos testigos, unos días
después los paramilitares habrían buscado a las personas involucradas en
la contienda de esa noche y les habrían entregado sumas de dinero (según
se dice, de un millón de pesos) al parecer para que no dijeran nada de lo
que había ocurrido allí esa noche.
- El miércoles 18
de noviembre de 2020, en horas del día, abogados amigos nos
hicieron llegar el texto de la Sentencia T-342/20 de la Corte
Constitucional, en la cual se revisa la acción de tutela que la Brigada
XVII había interpuesto contra nuestra Comunidad de Paz el 28 de septiembre
de 2018, alegando que nuestras Constancias vulneraban su derecho al buen
nombre. La Sala de Revisión de la Corte, compuesta por los magistrados ALEJANDRO
LINARES, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO y LUIS GUILLERMO GUERRERO, éste último
quien actuó como ponente y ya se retiró de la Corte, concluyó declarando
que el derecho de los militares al buen nombre había sido vulnerado por
nuestras denuncias, pues éstas “no
tienen respaldo en decisiones judiciales condenatorias en firme”.
Quienes representaron a la Corte en esta ocasión,
con una visión opuesta a la de los magistrados que en años pasados defendieron
los derechos de nuestra Comunidad de Paz en las sentencias T-249/03;
T-327/04; T-1025/07 y en los Autos 034/12; 164/12 y 693/17, también
pasaron por alto reiteradas jurisprudencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
el escrito que le dirigió a la misma Sala de Revisión el Relator de las
Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, refiriéndose a esta tutela del
ejército y en la cual afirma tajantemente que: “Un sistema democrático y plural requiere que los funcionarios públicos
y su gestión estén expuestos a un alto nivel de control. Por lo tanto, las
autoridades deben tener una mayor tolerancia frente a estas expresiones por más
chocantes, desagradables o perturbadoras que sean y abstenerse de imponerle
limitaciones y proteger a quienes las emiten”.
Pero un
análisis más de fondo de esa sentencia deja en claro que la Sala de Revisión se
apartó en muchos puntos de la jurisprudencia defendida durante muchos años por
la misma Corte Constitucional, especialmente en su punto central que consiste
en darle prevalencia al derecho al buen nombre de una institución sobre
el “derecho a la libre expresión de las víctimas. Una larga y abundante
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que el “buen nombre” (o “reputación”) es algo que se conquista con el buen comportamiento,
ganándose el aprecio de la sociedad y no como algo ligado a un cargo o a
decisiones judiciales o abstractas, por ello insiste en que el buen nombre no
existe cuando no se da ese aprecio social construido con el comportamiento
y por lo tanto es imposible defender un derecho a algo que no existe. Y en el
caso de la Brigada XVII lo que sí existe es una larga y abundante cadena de
quejas y condenas por violación de derechos humanos y comisión de crímenes
contra la humanidad, registrada en las Cortes nacionales e internacionales
(incluso en sentencias penales de la Corte Suprema de Justicia), donde aparece
como crimen recurrente y permanente la estrecha relación con grupos
paramilitares, todo lo cual hace más inexistente el “buen nombre”, y lo que no
existe no se puede defender.
Esta
sentencia desconoce y contradice también la larga jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la prevalencia del Derecho a la Libre Expresión y sobre
las normas que rigen los casos muy limitados de tutelas contra particulares o que
pretenden defender derechos de entes jurídicos o estatales. Al modificar
sustancialmente los criterios de interpretación del concepto de “buen nombre”
(negando su esencia de relación con el comportamiento, que produce aceptación
en la sociedad) y separarse y contradecir las jurisprudencias de larga
trayectoria sobre este y otros conceptos, refrendadas por la Corte en Pleno,
esta Sala y esta Sentencia incurren en nulidad e invalidez. Si hubieran querido
modificar los criterios de interpretación de todos estos conceptos, hubieran
tenido que reunir a la Corte en Pleno y lograr su aprobación, lo cual no
hicieron y por lo tanto sus decisiones son nulas. Nuestra Comunidad de Paz ya
ha solicitado que se declare su nulidad.
No
podemos sino lamentar la degradación tan grande a que han ido llegando nuestras
instituciones jurídicas, que ya no ofrecen ninguna credibilidad a las víctimas.
- El sábado
21 de noviembre de 2020, en horas de la noche, fue hallado
muy mal herido el señor ELIÉCER MORALES en la carretera que de San José
conduce a Apartadó, muy cerca del paraje conocido como Caracolí, de la
vereda La Victoria. Algunas versiones le atribuyeron los golpes a una
caída de la mula en que se transportaba pero otras versiones hablan de un
atentado contra su vida, el cual le causó la muerte pocos días después en
el hospital.
- El domingo 22 de noviembre de 2020, en horas de la mañana, en la vereda La
Unión falleció el campesino REINALDO AREIZA DAVID, al parecer por ingerir
licor adulterado lo que se sumó a golpes graves ocasionados por varias
caídas de la bestia. Reinaldo había sido integrante de nuestra Comunidad
de Paz desde su fundación en 1997 y había ejercido un fuerte liderazgo,
tanto como miembro del Consejo Interno como en el asentamiento de La
Unión. En uno de nuestros momentos más dolorosos denunció con valentía,
ante la Cámara de Representantes, la masacre de nuestros líderes y niños
en las veredas Mulatos y Resbalosa el 21 de febrero de 2005; allí fue
suciamente atacado y calumniado por el congresista ex militar Jaime A. Cabal
y por varios generales de la cúpula militar. En enero de 2009 el Coronel GERMÁN
ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, lo contactó a través del
paramilitar Wilfer Higuita para exigirle que le ayudara a destruir la
Comunidad de Paz, y si no aceptaba, sería sometido a un proceso penal con
testigos falsos, ya fuera como líder guerrillero o como narcotraficante.
Reinaldo se resistió al chantaje y lo denunció, lo que enardeció las
furias de los militares y paramilitares quienes lo persiguieron en adelante,
hasta llegar a quemarle su casa. Sus problemas lo llevaron a la adición al
licor, lo que lo obligó a retirarse de la Comunidad por no poder cumplir
con ese aspecto del Reglamento, sin que fueran suficientes los esfuerzos
para que cambiara de vida. La Comunidad lamenta profundamente su muerte.
- El lunes
23 de noviembre de 2020, en horas del día, nos llegaron
informaciones de que en las veredas El Porvenir y Las Nieves, de San José
de Apartadó, los paramilitares están exigiéndole a cada familia campesina
una suma de (200.000) doscientos mil pesos para darles regalos navideños a
los niños. Esta es una de las manifestaciones del dominio y control
abusivo que los paramilitares quieren tener de toda la población civil, de
su economía y de su vida común, bajo el chantaje de las armas.
- El viernes 27 de noviembre de 2020, en horas del día, en la vereda La Resbalosa,
en el punto conocido como La Despabiladora, fue visto un grupo de
paramilitares fuertemente armados y a poca distancia de ellos un
helicóptero de la empresa EPM descargando postes y materiales eléctricos. Hay
que recordar que estos paramilitares, en el año 2018, electrificaron parte
de las veredas La Resbalosa, Naín, La Resbalosita, Baltazar, Alto Joaquín,
entre otras, del departamento de Córdoba en límites con Antioquia. Ahora
supuestamente la empresa EPM busca legalizar todas estas redes que los
paramilitares colocaron con dineros que forzadamente les extrajeron a los
campesinos de esas veredas.
- El sábado 28 de noviembre de 2020,
en el punto conocido como La Máquina, de la vereda Arenas Bajas, de San Jose de
Apartadó, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas y al
parecer estuvieron allí por varios días.
- En la última semana de Noviembre de 2020
circularon informaciones según las cuales los paramilitares se estarían coordinando
con la Fiscalía, supuestamente para obtener informaciones sobre quién va hasta
allí a hacer denuncias en su contra y también para controlar más estrictamente
a quienes buscan suministrar informaciones a nuestra Comunidad de Paz.
Este escenario nos recuerda episodios de años anteriores en que muchas víctimas
se acercaban a la Fiscalía a presentar denuncias o a realizar otras
diligencias y luego era evidente que esa información aparecía en manos de
los paramilitares quienes tomaban represalias por las denuncias o
atentaban contra la vida de víctimas de montajes. Nos viene a la memoria
lo sucedido, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2010, cuando fueron
citados a la Fiscalía 4 jóvenes que ya habían sido procesados por las
mismas acusaciones, violando la prohibición judicial de realizar dos o más
procesos por los mismos cargos. La Defensoría se negó a acompañarlos y al
salir de la Fiscalía, ya de noche, en el camino fueron atacados a bala por
los paramilitares, quedando herido Alonso Valle y logrando escapar Jorge
Luis Higuita y José Albeiro David. Otros vinculados al mismo proceso, como
John Kennedy Higuita y Bernardo Ríos, fueron asesinados en los meses
siguientes; a Alonso Valle no le quisieron sacar la bala en el hospital y
él mismo tuvo que sacársela con un cuchillo. Todo indicaba coordinación
entre Fiscalía, paramilitares, Defensoría y Hospital, para contribuir a la
muerte de estos jóvenes, en cuyos procesos judiciales se cometieron
numerosos delitos procesales.
- En la primera
semana de diciembre de 2020 circularon informaciones según las
cuales los paramilitares están implementando nuevos planes de
reclutamiento de miembros de su estructura con el atractivo de pagos más
altos. Los paramilitares alias “RENÉ”, “JESUSITO” y “SAMUEL”, este último quien
actuó como comandante en veredas de Córdoba y luego ha
sido enviado a la zona de La Unión, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza,
Arenas Bajas, Arenas Altas y veredas aledañas, estarían motivando mediante
incentivos económicos a paramilitares desanimados por la muerte de sus
comandantes, para que regresen a la acción. En el caso del paramilitar
conocido como “RAMIRO”, presente en la vereda La Unión, quien es a la vez
hermano del comandante “SAMUEL”, se sabe que estuvo presente el día en que
dentro del operativo “AGAMENON 2” fue asesinado su comandante conocido
como “PUEBLO” o “PUEBLITO” en una vereda del municipio de Mutatá,
Antioquia, y según versiones, desde entonces se encontraba aislado. Por
muchos esfuerzos que el gobierno haga por tapar el creciente desarrollo
del paramilitarismo, su actividad criminal y su apoyo aquiescente por
parte de la fuerza pública, le queda imposible “tapar el sol con las
manos”,
Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades
que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas
nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar
del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno
colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado.
Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que
además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Diciembre 13 de 2020
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