LA “PROTECCIÓN” PASA AHORA A MANOS DE LOS VICTIMARIOS, LA VIDA DEL CORDERITO BAJO EL CUIDADO DEL LOBO
Nuestra Comunidad de Paz
de San José de Apartadó se ve en la obligación de dejar constancia ante el país
y ante el mundo de nuevos niveles de degradación de la acción del Estado
colombiano contra su propio pueblo.
El miércoles 3 de marzo de 2021 fuimos informados de la
Resolución 298 emitida por el Defensor Nacional del Pueblo, Señor CARLOS
CAMARGO, en la cual designa como Defensor Regional para la zona de Urabá al
Señor JOSÉ AUGUSTO RENDÓN GARCÍA. Con asombro
y espanto recibimos esa noticia, pues dicho personaje ha estado involucrado en
episodios oscuros en relación con la restitución de tierras en la región de
Urabá, ejerciendo como representante de victimarios y empresarios que se han
adueñado de tierras pertenecientes a campesinos. No dudamos en calificar ese
nombramiento como una grave afrenta a las víctimas, dado que sus antecedentes
no lo acreditan de ninguna manera para defender los derechos de las víctimas,
papel constitucional y esencial de un “defensor de pueblo”, sino para todo lo
contrario, para pisotear los derechos de las víctimas y exponerlas a nuevas
violencias.
El nombramiento en cuestión tiene una gravedad mayor para
nuestra Comunidad de Paz, dado que en el Auto 693 de la Corte Constitucional,
emitido el 12 de diciembre de 2017, la Corte le asigna numerosas y delicadas
tareas a la Defensoría del Pueblo en relación con la órdenes que la Corte había
dictado en el Auto 164 de 2012 y que eran concreciones de la Sentencia
T-1025/07 de la misma Corte, tareas que la Defensoría no cumplió y sin embargo,
en el artículo 12 de la parte resolutiva del Auto 693/17 la Corte decide: “DELEGAR en la Defensoría del
Pueblo el seguimiento de las órdenes emitidas en esta providencia y, en
general, de las órdenes impartidas en la sentencia T-1025 de 2007 que continúan
pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en los numerales
anteriores, respecto de las cuales la Corte Constitucional conservará la
competencia para su verificación. Para tales efectos, la Defensoría del
Pueblo remitirá a la Corte Constitucional informes semestrales sobre el
resultado de su gestión”. Informes con los que la Defensoría nunca cumplió.
Nuestra Comunidad le hace un llamado
apremiante a la Corte Constitucional para que le retire a La Defensoría del Pueblo dicho encargo, el
cual está imposibilitada éticamente para cumplir. Le solicita a la Corte que
retome el seguimiento y revisión de todo lo incumplido o encuentre otra entidad
con un nivel de credibilidad y legitimidad suficiente para cumplir dicho
encargo.
En particular, nuestra Comunidad de Paz tuvo que enfrentar
hasta hace pocos días al Señor José Augusto Rendón, como abogado de la familia
Jaramillo, la cual ha intrigado ante las instituciones encargadas de la
restitución de tierras para que se desconozcan los derechos legítimos de nuestra Comunidad sobre
la finca La Roncona, en la cual hemos ejercido posesión pacífica por más de 23
años. El abogado Rendón García ha solicitado que se acepte como testigo (por
supuesto falso testigo), a un
reconocido paramilitar, como alias “SAMIR” (o Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien
había sido comandante de una columna del Quinto Frente de las FARC-EP y
posteriormente desertó y fue acogido en la Brigada XVII del Ejército en Carepa,
Antioquia, en cuyas instalaciones fue domiciliado por muchos años en violación
de numerosas normas legales y burlando la acción de la justicia, pues durante
su militancia en las FARC ordenó el asesinato de muchos miembros de nuestra
Comunidad de Paz y de campesinos de
nuestro entorno; posteriormente se supo que tenía un pacto secreto con el
ejército para infiltrar a las FARC-EP y por ello eliminó tantas vidas de campesinos
inocentes sin ser tocado por la justicia. En la Brigada participó en montajes,
calumnias y estigmatizaciones a través de medios de información corruptos y
criminales y de personajes de larga trayectoria criminal como Rito Alejo Del
Río y Fernando Londoño Hoyos. No es extraño, entonces, que se le vincule como
falso testigo en los procesos de despojo de tierras, como el que se está
desarrollando contra nuestra Comunidad de Paz, habiendo sido citado como
“testigo” a una audiencia que tendrá lugar a finales de abril de este año 2021.
Curiosamente el abogado Rendón García, en la última
audiencia sobre el caso de la finca La Roncona, renunció a su papel de abogado
en dicho caso y dejó a su esposa en su reemplazo; ahora queda claro que lo hizo
para aceptar el cargo de defensor regional, en el cual jamás podrá actuar con
la imparcialidad elemental que dicho cargo le exige.
Debido a dichos antecedentes y a la gravedad de la afrenta
que su nombramiento significa para con las víctimas de Urabá, nuestra Comunidad
de Paz se ve en la obligación de DECLARAR
PÚBLICAMENTE, MEDIANTE ESTE DOCUMENTO, SU NUEVA RUPTURA CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, una institución que de
manera tan atrevida viola sus propios principios constitucionales y legales y se
afirma, sin pudor ninguno, como institución corrupta y parcializada en favor de
los poderosos y en contra de las víctimas y de los sectores más vulnerables de
la población. En el pasado, nuestra Comunidad tuvo que romper repetidas veces
con la Defensoría, al igual que con las demás instituciones del Estado, por sus
prácticas a todas luces corruptas y delictivas que en nada se compadecen con el
perfil que la Constitución y las leyes les han trazado. Hoy el desconocimiento
radical de ese perfil queda impúdicamente al desnudo ante el país y ante el
mundo.
En los últimos días, varios pobladores del corregimiento de
San José se han acercado a nuestra Comunidad de Paz para manifestar su
preocupación y temor por las amenazas de los paramilitares en el uso y
usufructo que los propietarios hacen de las tierras pertenecientes a sus
abuelos y ancestros, pues los paramilitares han implantado un orden social y
económico distinto a las costumbres y prácticas del campesinado del
corregimiento, en una clara estrategia para generar presión y temor a las
familias, quienes se están viendo obligadas a vender sus propiedades a
CORPOURABÁ, ya que si no las pueden trabajar, la única solución es venderlas.
Adelante van los paramilitares abonando el camino con sus amenazas, ocupaciones
y agresiones, para que luego entren las empresas, la Alcaldía municipal y
CORPOURABÁ a adueñarse fácilmente de sus propiedades. En ello han jugado un
papel crucial abogados corruptos, como el Señor RENDÓN GARCÍA, ahora
convertido, irónica y sarcásticamente, en “defensor” del pueblo Urabaense.
¡Hasta dónde ha llegado la perversión de este Estado!.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Marzo 8 de 2021
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