Violación de derechos Y derrumbe cada vez más total del Estado
De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como ya en muchas otras ocasiones, se ve en el deber de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de un ente exterminador que no descansa en su propósito de acabar con nuestro proceso de vida.
Nos
encontramos en momentos de movilizaciones sociales en todo el país y en otras
partes del mundo. La raíz de todo esto es el afán de los poderosos de eliminar
o marginar cada vez más a sus víctimas. Se enfrentan los gobiernos contra su
propia ciudadanía sin que se garantice siquiera el derecho elemental a la
protesta. Es claro que no les importa la vida de la gente; reformas y
estrategias de “seguridad” están dirigidas a causar más hambre, exclusión y
exterminio de quienes estorban los intereses de las élites.
Mientras
en la ciudad se reclama por una vida digna, en los campos del país el
paramilitarismo no cesa de someter a la población civil, la silencian y la
atemorizan con armas amparadas por el Estado y mediante panfletos continuos la
amenazan por no someterse a sus órdenes. En nuestra zona, los paramilitares
tratan de cooptar a más y más gente en su propósito de exterminar nuestra
Comunidad de Paz. Se apoyan en funcionarios públicos para elaborar tutelas y
darle apariencia legal a su lucha de exterminio contra nosotros. Policía y Ejército
están lejos de proteger a la población vulnerable; es evidente su estrategia de
tolerancia total al paramilitarismo y sus componendas con ellos para alejarse
tácticamente de los sitios donde ellos van a actuar y así poder responder con su
fórmula trillada: “no teníamos tropas en
esa área”. No entendemos para qué sirven instituciones de protección que no
protegen y además toleran y usan las “ollas” de consumo de drogas.
Los
fallos de tutela siguen estando a favor de los victimarios, mientras que a las víctimas
se les quiere amordazar e impedirles lo más elemental: hacer conocer sus
sufrimientos de la sociedad y del mundo. Los derechos a la expresión, a la
denuncia y a la protesta están siendo eliminados a bala en Colombia: el número
de muertos y heridos en las protestas es escalofriante y la eliminación de
líderes y lideresas sociales sigue un ritmo constante, incentivado por el
anonimato y la impunidad.
Los
hechos más recientes que nos afectan son los siguientes:
- El martes 4 de mayo de 2021, según
algunos pobladores de la zona, el señor CÉSAR JARAMILLO, después de la
reunión del 01 de mayo en la vereda La Esperanza, donde convocó a las
juntas de acción comunal para hacerlas firmar un pacto de exterminio de
nuestra Comunidad de Paz, empezó a llamar a los presidentes de juntas que
no asistieron a dicha reunión, para que le firmaran el documento del pacto
de exterminio.
- El jueves 6 de mayo de 2021,
llegó a nuestro conocimiento por informaciones de pobladores de la zona,
la presión de los paramilitares para comprar terrenos ubicados en lugares
estratégicos, como los filos de montaña, para poner allí sus centros de
operaciones. Ya han amenazado a varios pobladores que no han querido vender
sus parcelas.
- El viernes 7 de mayo de 2021, en
horas del día en la vereda Arenas Altas personas ajenas a nuestra Comunidad
de Paz destruyeron nuestras vallas las cuales son nuestras insignias como
proceso de vida.
- El sábado 8 de mayo de 2021, en
horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que un grupo de pobladores
de la vereda La Esperanza planearon pedirle a CORPOURABA que lleguen hasta
la propiedad privada de nuestra comunidad allí y se midan 30 metros de
ribera del río para iniciar la construcción de una carretera sin nuestro consentimiento.
- El domingo 09 de mayo de 2021, llegó a nuestra Comunidad informaciones de que el paramilitar e integrante de la junta comunal de La Unión, ADOLFO GUZMÁN, habría lanzado amenazas contra un miembro de nuestra comunidad en la vereda la Unión.
- El martes 11 de mayo de 2021, en
horas de la madrugada en el
casco urbano de San José y sus alrededores los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región dejaron panfletos y escritos en la paredes de las viviendas con las siglas (AGC presente).
- El miércoles 12 de mayo de 2021, en
horas del día, tres reconocidos paramilitares portando armas largas
entraron al caserío de la vereda La Unión e ingresaron a la vivienda de un
poblador.
- El jueves 13 de mayo de 2021, recibimos llamadas y mensajes de muchas
personas, alarmadas porque se habían enterado de que la
Corte Constitucional, en una votación de 5 contra 4, había decidido
mantener el núcleo de la Sentencia 342/20, que le daba cierta razón a la
Brigada XVII del ejército en su Acción de Tutela contra nuestra Comunidad
de Paz, afirmando que nuestras Constancias ofendían su buen nombre y no
debían permitirse mientras no estuvieran sustentadas en fallos judiciales.
Aunque no conocemos aún el texto del fallo y ni siquiera se ha emitido el
comunicado de prensa de la Corte, la noticia revela ya un derrumbe muy
profundo del Estado de Derecho. Si nuestra Comunidad radicó una demanda de
nulidad contra esa sentencia, la petición de nulidad la respaldamos en
abundantísima jurisprudencia internacional y nacional, que a todas luces
le da la primacía al derecho a la libre expresión como elemento esencial
de cualquier democracia, jurisprudencia que también prohíbe que el derecho
al “buen nombre” se interprete como anexo a cargos o dignidades o
prescripciones, puesto que el BUEN NOMBRE se construye esencialmente con
el BUEN COMPORTAMIENTO que lleva a ganar aprecio y respeto, pero en el
caso de la Brigada XVII existen condenas por crímenes de tribunales
nacionales e internacionales e incluso de la Corte Suprema de Justicia de
Colombia. En el proceso se anexaron numerosos aportes de eminentes
juristas de muchos países, los cuales se apoyaron en numerosas citas de la
jurisprudencia internacional. Por lo tanto, la decisión de la Corte, en un
momento de tanta violencia estatal y caos jurídico, sólo añade una gota
más a los millares de argumentos que en estos días se propalan sobre la
ilegitimidad del Estado y el derrumbe total del Estado de Derecho.
- El viernes 14 de mayo de 2021, paramilitares
que controlan la zona prohibieron a pobladores de la vereda Arenas Bajas
tumbar monte para sembrar productos de pan coger en sus fincas heredadas
de sus ancestros.
- El sábado 15 de mayo de 2021, en
horas del día llegaron informaciones que en la vereda La Unión se habría
organizado en reunión de Junta de Acción Comunal retirar sin nuestro consentimiento
la malla de protección del monumento a La Memoria construido allí por
nuestra Comunidad en memoria de las víctimas de la masacre cometida por
militares y paramilitares el 8 julio del 2000, según es para construir
allí un supuesto parque infantil aprobado por La Alcaldía de Apartadó, el
mismo presidente de la junta manifiesta que ya es una decisión aprobada.
Nuestra Comunidad de Paz que ha defendido la
vida por más de 24 años rechazamos rotundamente la destrucción de nuestra la
memoria histórica y a la vez le dejamos claro al gobierno local y nacional que no
callaremos ante la barbarie que se viene cometiendo contra nuestro proceso de
vida y la integridad de toda la población civil por parte de estructuras
paramilitares, fuerza pública y demás instituciones del gobierno que con
alianzas oscuras buscan como acabar con la vida digna de nuestra región.
En estos
tiempos en que el país está volcado en las calles en defensa de sus derechos,
por la imposición de reformas que oprimen al pueblo colombiano y benefician más
bien el mismo bolsillo del gobierno, y donde las muertes violentas de los
inconformes se multiplican día a día, las instituciones viven encapsuladas en
un modelo de Estado represor cada vez repudiado por las grandes mayorías del
pueblo.
Hoy más que nunca agradecemos a las diversas personas
y comunidades que desde el país y el mundo nos han apoyado en este largo y
difícil camino, especialmente en su respaldo para insistirle a la Corte
Constitucional que abriera los ojos para entender que la sentencia impugnada
violaba principios muy esenciales y elementales de un Estado de Derecho y de
una democracia, como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y asociaciones eminentes de
juristas de varios países, así como tantas personas que conceptuaron que el
mismo sentido común más elemental era el que debería predominar. Aunque los
resultados no fueron los esperados, creemos que hemos ganado dignidad frente a
una Corte que no le importa la vida del campesino y que se dejó cooptar por los
intereses y el inexistente “buen nombre”
de una brigada militar que sólo ha acumulado motivos de mal nombre, dada su
enorme trayectoria criminal impune, la que quieren camuflar de “buen nombre”
contra toda ética, contra toda razón y contra el sentido común más elemental.
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó
Mayo 17 de 2021
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