Y las Cortes también se resquebrajaron
De
nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó hace uso de su derecho
fundamental a expresarse y a comunicarse con las personas y comunidades
solidarias del país y del mundo y, en general, con toda la sociedad de nuestro
entorno, para hacerle conocer lo que vivimos y sufrimos en nuestra
cotidianidad, la cual ha estado siempre cercada de amenazas, riesgos y
sufrimientos, ya que desde nuestro origen las instituciones de nuestro país, en
lugar de protegernos, han decidido más bien agredirnos y afrentarnos o se han
valido de otros grupos criminales que gozan de su protección para que nos
agredan y para que nos hagan sentir que nuestro Estado nos considera como
ajenos, o aún peor, como “enemigos internos” que no merecemos ni respeto ni
protección de nuestros derechos humanos ni ciudadanos.
Y
si en algunos períodos contamos al menos con el amparo de la Corte
Constitucional, que en varias sentencias y autos reivindicó y exigió respeto a
nuestros derechos fundamentales, para lo cual le dio órdenes al Presidente de
la República, a sus ministros y a los organismos de control, órdenes que a la
postre fueron desacatadas y burladas por el mismo Jefe de Estado, sus ministros
y las demás instituciones, sin embargo, esa misma alta Corte ha claudicado de
sus deberes esenciales de salvaguarda de los principios fundamentales de la
Carta, seguramente por presiones políticas, como lo ha demostrado al fallar la
última demanda de nulidad, en la cual se le pedía derogar el fallo que una sala
de revisión había proferido, aceptando pretensiones del estamento militar
clarísimamente contrarias, no sólo a la Constitución Nacional y a sus
jurisprudencias, sino también al Derecho Internacional más reiterativo.
En
efecto, cuando la Brigada 17 del ejército quiso amordazarnos, en agosto de
2018, mediante una Acción d Tutela presentada ante una juez promiscua de
Apartadó, queriendo impedir que le gritáramos nuestros dolores a la sociedad
civil, ya que ni la justicia quiso actuar en muchos años en que frecuentamos el
aparato judicial para rogar y exigir justicia sin ser oídos sino más bien
amenazados y ofendidos, y sin que tampoco los presidentes quisieran cumplir su
obligación constitucional de actuar como garantes de los derechos
fundamentales, pues se lo suplicamos apremiantemente en no menos de 90 derechos
de petición sin ser oídos, la sentencia que acogió la Tutela militar terminó en
una sala de revisión en la Corte Constitucional, donde un magistrado de
reconocida ideología reaccionaria decidió hacerle caso a la presión militar y redactó
la Sentencia T-342 de 2020, en la cual decidió “tutelar el derecho al
buen nombre de la brigada 17 del ejército nacional y de sus integrantes”
(…) aduciendo que en las constancias de nuestra Comunidad de Paz “se ignora
la presunción de inocencia en tanto se le atribuye a dicha unidad militar la
aquiescencia y la complicidad actual con grupos paramilitares, sin que exista
una providencia judicial que haya dado cuenta de tal situación”.
Tal
sentencia escandalizó y enfureció a los conocedores del derecho internacional y
constitucional, pues, por un lado, pretendía desconocer un derecho tan sagrado
como el de libre expresión, que para los tratados y organismos internacionales
es el pilar más fundamental de un Estado que pretenda llamarse “democrático”, y
por otro lado, desconocía el criterio fundamental que la Constitución ha
reconocido para saber si alguien puede reivindicar un derecho al “buen nombre”,
y es cuando su comportamiento social lo ha hecho merecedor al mismo. Con
todo, el magistrado fallador no ignoraba que la Brigada 17 estaba implicada en
masacres horrendas, en alianza con los paramilitares, pues lo cita en el mismo
fallo, y sólo en un párrafo expresa el temor de que eso se haya seguido
repitiendo, pero contradice flagrantemente a su conciencia al ni siquiera
preguntarse si todo lo que nuestra Comunidad afirma en sus constancias es
cierto o es falso, y sin ni siquiera ordenar que se investigue. Tan aberrante
Sentencia despertó la solidaridad de abogados amigos quienes redactaron una
demanda de NULIDAD, demanda que recibió el apoyo de eminentes juristas de
diversos países y de organismos internacionales de derechos humanos.
Todo
muestra que la ponencia ya estaba consolidada para declarar NULA dicha
Sentencia, pero en la sesión de la Sala Plena del pasado 13 de mayo de 2021, la
votación favoreció por un voto de ventaja a los que temían anular una sentencia
de tan alta corte, pues eso podría jugar en desprestigio de la misma Corte. La
transparencia no ha sido virtud destacada de los poderes judiciales que se vanaglorian
de su poder. Según el Comunicado emitido en esa fecha por la Corte, 4
magistrados salvaron su voto y otros 4 lo explicaron. Al leer sus argumentos
sumarios, queda claro que la casi totalidad de los magistrados estuvieron en
desacuerdo con la Sentencia T342 y sólo algunos no quisieron anularla, no por
su argumentación central, con la cual manifiestan haber estado en desacuerdo,
sino porque los argumentos técnicos para anularla no estuvieron bien
trabajados. Pero, ¿Cómo se le exige a una víctima o a su abogado, dominar la
técnica jurídica constitucional? ¿Acaso no eran los mismos magistrados los
llamados a perfeccionar esos argumentos técnicos?
Queda
claro que 8 de los 9 magistrados concuerdan en que los militares no pueden
alegar derecho al buen nombre, y menos los de la Brigada 17, y en que el
derecho a la libre expresión de la Comunidad de Paz no se puede coartar y menos
cuando hace denuncias. Pero esto no se ve compatible con la decisión central de
la Corte en esta ocasión, que, al rechazar la demanda de nulidad, mantiene
vigente el fallo anterior, el cual resulta tutelando un derecho que no es
tutelable y restringiendo otro derecho que no se puede restringir.
El
bloque más radical de los magistrados (los que salvaron su voto) afirma
tajantemente que los militares no pueden reclamar derecho al “buen Nombre”.
Al respecto afirman: “para la protección de la garantía constitucional al
buen nombre, la jurisprudencia en vigor exige la conducta irreprochable de
quien aspira a ser su titular. Así, quien tiene en su contra decisiones
judiciales que desvirtúan la existencia de una conducta irreprochable no está
en posición de reclamar la protección de su derecho al buen nombre por delitos
u omisiones cometidos en el pasado. La Corte ha sido enfática en manifestar que
el derecho al buen nombre, además de ser personalísimo, está relacionado
directamente con “la valía que los miembros de una sociedad tengan sobre
alguien, siendo la reputación o fama de la persona el componente que activa la
protección del derecho. Así, en atención a que esta garantía requiere de la
buena imagen, reconocimiento social y conducta irreprochable de quien alega su
protección, en nuestra opinión, en este caso no era posible proteger, conforme
a las reglas jurisprudenciales en la materia, el derecho al buen nombre de la
Brigada XVII del Ejército Nacional. En efecto, las más de 10 providencias del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los varios autos de seguimiento
proferidos por la Corte Constitucional y las diferentes decisiones judiciales,
tanto del ámbito nacional como internacional, dan cuenta de que en el pasado se
ha comprobado la complicidad entre la Brigada XVII del Ejército Nacional y los
grupos paramilitares que actúan en la zona de Urabá, para el ejercicio de
acciones violentas que han victimizado a los miembros de la Comunidad de Paz
(…) En consecuencia, era procedente anular la sentencia T-342 de 2020 con
base en la causal de desconocimiento de la jurisprudencia en vigor proferida
por las Salas de Revisión y la Sala Plena”.
Tanto
el Comunicado como los salvamentos y explicaciones de votos de los magistrados,
insisten en que la sentencia que se pedía anular, no había exigido retractarse
de las Constancias, ni retirarlas de las redes sociales, ni prohibía seguir
sacando constancias, pero mantener vigente esa sentencia es algo que se
contradice con todo esto. No hay coherencia alguna. La Corte está
resquebrajada.
Hay
que abonarles a los 4 magistrados que salvaron su voto, esta nota de
comprensión para con nuestra Comunidad de Paz: “La decisión de negar la
nulidad se convierte en un evento de negación histórica del derecho a la tutela
judicial efectiva que sufren estas víctimas del conflicto armado en Colombia.
Estas, agotadas de acudir a un sistema que ha probado en numerosas ocasiones
ser insuficiente, hoy se encuentran nuevamente ante barreras estrictas e
inflexibles que hacen nugatoria la protección de sus derechos al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y al ejercicio de
sus libertades fundamentales, en particular, la libertad de expresión”. Comprenden,
pues, cabalmente, nuestra ruptura con la justicia.
Apoyados
en nuestras convicciones insobornables, continuamos aquí con nuestras
CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:
- El domingo 30 de
mayo de 2021, un paramilitar conocido como “El Flaco” amenazó con
arma de fuego (pistola) a un poblador en el casco urbano de San José y
ninguna autoridad hizo nada. Al parecer, la víctima tuvo que irse de la
zona por unos días para salvar su vida.
- El mismo domingo
30 de mayo de 2021, en horas del día, nos enteramos de que el
paramilitar alias “Cristian”, junto con otros de su grupo, estarían
llegando a las casas de los pobladores para exigirles sumas de dinero con
el fin de arreglar de nuevo los caminos que fueron destrozados por la
maquinaria que ilegalmente penetró en las veredas por las carreteras
impulsadas por el Señor César Jaramillo junto con la Brigada XVII.
- El martes 1º de
junio de 2021, en horas del día, fue visto transitar por la vereda
El Porvenir un grupo de más de 10 paramilitares que portaban armas largas
y radios de comunicación. Se deja constancia que permanentemente
están pasando por allí sin ninguna restricción y que ya tienen allí un
centro de operaciones para el control de la zona.
- El sábado 05 de
junio de 2021 nos llegaron informaciones según las cuales la
celebración de la fiesta del campesino en la vereda La Unión está siendo
organizada por la Junta de Acción Comunal junto con el Señor César
Jaramillo y la Brigada XVII. Preocupa esto por la alta presencia de
paramilitares que hay allí, como alias “Jesusito”, “alias Samuel”, alias
“Wilfer”, alias “Ramiro” y otros jóvenes que también están portando
armas de fuego y haciendo disparos, así como por la nula atención a
constancias de hechos muy graves que nuestra Comunidad de Paz ha señalado.
- El domingo 06 de
junio de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad
de Paz fue informada de que el paramilitar Wilfer Higuita estaba
averiguando en el casco urbano de la vereda la Unión quiénes son los que
le están informando todo lo que pasa allí a la Comunidad de Paz.
- El viernes 11 de
junio de 2021, en horas de la tarde, dos paramilitares
interceptaron a un niño de nuestra Comunidad de Paz, sobre el camino que
conduce al caserío de San José, para enviar con él amenazas contra nuestro
Representante, diciéndole: “ey chinga: para que le diga a ese representante
legal de la comunidad que se cuide porque en estos días vamos a entrar
allá”.
- El sábado 12 de
junio de 2021, en horas del día, fueron vistos dos paramilitares,
quienes portaban radios de comunicación y armas cortas, a tres minutos del
casco urbano en la vereda La Unión.
- El jueves 17 de
junio de 2021, en horas del día fueron vistos transitar por la
vereda La Unión de San José de Apartadó un grupo armado desconocido, según
informaciones son paramilitares que están utilizando armas largas,
uniformes y cascos militares para patrullar en la zona como si fuera
fuerza pública.
- El sábado 19 de junio
de 2021, en horas del día
fueron vistos un grupo de paramilitares portando armas largas, uniformes y
cascos militares en la vereda Las Nieves de San José de Apartadó. Los
mismos que fueron visto en la vereda La Unión el 17 de junio 2021
Nuevamente
agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del
mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 24
años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen
presionando cada día al gobierno colombiano para que no permita que destruyan
nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por
seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a
seguir defendiendo nuestros principios.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Junio
26 de 2021
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